California objeta venta de 23andMe por incumplir ley de privacidad genética

El fiscal general Rob Bonta afirma que la transacción viola la normativa estatal. Un juez federal aprobó la venta de la empresa en bancarrota a un instituto de investigación por 305 millones de dólares, pese a las objeciones de cinco estados.

«No cumple con la protección de datos genéticos»

La oficina del fiscal Bonta insistió este lunes que la venta de 23andMe al TTAM Research Institute incumple la Ley de Privacidad de Información Genética (GIPA). La norma exige consentimiento expreso de los usuarios antes de vender sus datos a terceros. El juez Brian C. Walsh desestimó las objeciones, argumentando que «los clientes mantendrán las mismas garantías».

Repercusión para los usuarios

Bonta había instado a los californianos a «eliminar urgentemente sus datos genéticos» de la plataforma. La empresa, por su parte, asegura que el acuerdo incluye «protecciones adicionales», como notificaciones por correo electrónico. Anne Wojcicki, fundadora de 23andMe, defendió que «las personas deben tener elección y transparencia sobre sus datos».

Un pulso legal con cinco estados

California, Kentucky, Tennessee, Texas y Utah mantuvieron sus objeciones hasta el final, mientras que otros 30 estados retiraron las suyas. Bonta evalúa «próximos pasos legales» tras el fallo judicial. La venta se completará en las próximas semanas.

Antecedentes: Bancarrota y polémica

23andMe se declaró en bancarrota en marzo de 2025. Durante una audiencia en el Congreso, legisladores federales exigieron que la empresa obtuviera consentimiento explícito de los usuarios antes de transferir sus datos. El TTAM, dirigido por Wojcicki, adquirirá la información genética y otros activos.

El debate sigue abierto

El conflicto evidencia la tensión entre protección de datos personales y procesos de bancarrota. Mientras el juez priorizó la viabilidad financiera de la empresa, California insiste en que la privacidad genética no es negociable.