El Tribunal Supremo de EE.UU. revisará límites a financiación electoral
Un fallo favorable a los republicanos podría alterar las reglas de gasto coordinado. El caso, impulsado por el Partido Republicano, amenaza con cambiar el panorama financiero de las campañas antes de las elecciones de 2026.
«Una batalla por el dinero en política»
El Tribunal Supremo aceptó el 30 de junio de 2025 un recurso republicano contra los límites al gasto coordinado entre candidatos y partidos. Los demandantes alegan que las restricciones violan la Primera Enmienda. Si ganan, sería el mayor triunfo financiero del GOP desde el caso Citizens United en 2010.
Los actores clave
El caso fue presentado en 2023 por los comités de campaña republicanos (NRSC y NRCC) y el entonces senador JD Vance. El Departamento de Justicia no defendió la constitucionalidad de la ley actual, argumentando que infringe derechos fundamentales. Los demócratas, ahora parte del caso, advierten que un cambio beneficiaría a grandes donantes.
¿Qué está en juego?
Actualmente, los partidos pueden coordinar gastos entre $63.600 y $3,9 millones, según el cargo. Sin límites, los comités podrían invertir sumas ilimitadas en publicidad, especialmente en televisión. Los republicanos defienden que esto fortalecería su posición para 2026; los demócratas temen un retorno a la era pre-Watergate.
Antecedentes: De Citizens United a hoy
El caso Citizens United (2010) permitió gastos ilimitados de corporaciones en campañas. Ahora, los republicanos buscan eliminar otra barrera: la coordinación financiera entre partidos y candidatos. En 2001, el Tribunal avaló estos límites, pero su composición ideológica ha cambiado.
Un fallo que podría redefinir las reglas
La decisión del Supremo, esperada en 2026, determinará si los partidos pueden gastar libremente junto a sus candidatos. Los demócratas prometen resistir, mientras los republicanos celebran la oportunidad de «ganar en las urnas». El resultado dependerá de cómo interprete el tribunal el equilibrio entre libertad de expresión y regulación anticorrupción.
