Gobierno denuncia «organizaciones paraestatales» en el Trópico sin Policía
El viceministro Aguilera acusa a grupos afines a Evo Morales de control territorial y protección al narcotráfico. La región permanece sin fuerzas de seguridad tras su retiro por amenazas, mientras se reportan linchamientos y destrucción de laboratorios de cocaína.
«Control político del territorio y ciclos de violencia»
El Trópico de Cochabamba, bastión del expresidente Morales, sigue sin presencia policial desde principios de junio, tras protestas violentas de organizaciones afines. El ministro Ríos condiciona el retorno a «garantías de seguridad para los uniformados». Durante esta ausencia, ocurrió el linchamiento de dos personas en Shinahota, con tres heridos retenidos.
Narcotráfico y «justicia comunitaria»
Aguilera vinculó los hechos con “organizaciones paraestatales” que usan violencia para mantener autonomía: “La resistencia a la Policía busca proteger actividades ilícitas”. Destacó la destrucción de 48 fábricas móviles de cocaína en Villa Tunari y denunció “ejecuciones extrajudiciales” y métodos violentos como torturas con gasolina.
Un territorio en disputa
El viceministro afirmó que el control político local “impide la presencia del Estado”, generando inseguridad y desestabilización. Las autoridades enfrentan resistencia para ingresar a la zona, donde comunarios bloquean el acceso de la Policía y Fiscalía. Aguilera insistió en que estos grupos buscan “un impacto político” mediante el miedo.
El Trópico, entre la sombra y la coca
La región es históricamente un feudo de Morales y escenario de tensiones entre el Estado y sectores sociales. En 2025, la ausencia policial y los linchamientos reavivan conflictos por autonomía, narcotráfico y aplicación de justicia comunitaria, en un área clave para la producción de hoja de coca.
Un Estado que no llega, una violencia que no cesa
La situación evidencia la fractura entre instituciones y territorios con estructuras paralelas. Mientras el Gobierno denuncia narcotráfico y violaciones a derechos humanos, la población del Trópico enfrenta inseguridad y disputas de poder, con métodos que niegan el debido proceso. La resolución dependerá de negociaciones políticas y garantías para la fuerza pública.
