Créditos de vivienda en Bolivia crecen solo un 0,4% en 2025, su menor avance en una década
La cartera de vivienda social suma Bs 30.863 millones, pero su expansión se frena por tasas reguladas y menor demanda. Los bancos advierten que los costos de fondeo superan los intereses permitidos. La morosidad se mantiene baja (0,51%), pero el sector inmobiliario reporta paralización en preventas.
«El sueño de la casa propia pierde fuelle»
Los créditos hipotecarios en Bolivia muestran su menor crecimiento desde 2014, según datos de la ASFI. Hasta mayo de 2025, el sistema financiero destinó Bs 55.749 millones a vivienda (25% del total de créditos), pero el número de beneficiarios de interés social (VIS) apenas aumentó en 455 familias (0,4%). El 74,2% de los préstamos se usan para compra, seguido por construcción (16,8%).
El dilema de las tasas reguladas
Un ejecutivo bancario anónimo revela que «prestar al 5,5% ya no cubre costos» debido al encarecimiento del fondeo. La Ley de Servicios Financieros, vigente desde 2014, fija techos de interés que «no responden a la realidad macroeconómica actual». La Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz confirma que dos bancos grandes suspendieron créditos VIS, mientras otros ajustan condiciones en préstamos convencionales.
Efectos en el sector constructor
Franz Rivero, presidente del gremio inmobiliario, detalla que las preventas de proyectos habitacionales están frenadas. «Muchas constructoras solo venden al contado o incluyen cláusulas cambiarias», explica. La demanda también cae: «La gente tiene miedo a endeudarse», afirma. Pese a ello, la ASFI destaca que estos créditos generan efectos multiplicadores en empleo y construcción.
De boom a desaceleración controlada
Entre 2014 y 2025, la cartera VIS se multiplicó por 10, pero su crecimiento acumulado en cinco años es del 12,3% (Bs 6.127 millones). La ASFI atribuye la ralentización a la maduración de un mercado inicialmente emergente. Los créditos convencionales crecieron un 3,4% en igual periodo, afectados por escasez de dólares y menor inversión.
¿Solución temporal o cambio de modelo?
El Gobierno propuso en junio diferir deudas de vivienda social por seis meses, pero el sector financiero exige revisar las tasas reguladas. Con una morosidad mínima (0,48% en créditos convencionales) y 232.000 familias beneficiadas históricamente, el reto es adaptar el marco legal a un escenario de mayor riesgo país y competencia por recursos.
