El Tribunal Supremo de EE.UU. permite excluir a Planned Parenthood de Medicaid
Los estados podrán retirar fondos a la organización sin que los pacientes puedan demandar. La decisión, con un voto de 6-3, afecta a la red de clínicas de salud reproductiva para personas de bajos ingresos. El fallo respalda la expulsión de Planned Parenthood en Carolina del Sur.
«Un golpe al acceso a la salud para los más vulnerables»
El Tribunal Supremo dictaminó que la ley federal no otorga a los pacientes el derecho a demandar si un estado les impide elegir proveedor médico. La mayoría conservadora argumentó que el estatuto de Medicaid no incluye un lenguaje claro que permita acciones legales individuales. «Es una injusticia que agravará la crisis sanitaria», denunció la directora de Planned Parenthood en la región.
Impacto en los estados conservadores
La sentencia allana el camino para que otros estados excluyan a clínicas como Planned Parenthood de sus programas Medicaid, incluso si ofrecen servicios no relacionados con el aborto. Los jueces liberales advirtieron que la decisión «dañará a personas reales» y limita derechos civiles históricos.
La batalla legal detrás del fallo
El juez Neil Gorsuch, de la mayoría, sostuvo que el gobierno federal podría sancionar a los estados que violen las normas, pero no los pacientes. La disidencia, liderada por Ketanji Brown Jackson, criticó la interpretación «ajena a la historia» de la ley de derechos civiles de 1871 usada en el caso.
Un pulso político con raíces profundas
El caso surge en un contexto donde grupos conservadores buscan retirar fondos públicos a Planned Parenthood, aunque por ley federal no se financien abortos. La administración Trump apoyó a Carolina del Sur, mientras el Congreso republicano impulsa un veto nacional a la organización en Medicaid.
Un futuro incierto para la salud reproductiva
El fallo refuerza la autonomía estatal para decidir qué proveedores participan en Medicaid, reduciendo opciones para pacientes de bajos recursos. La disputa continúa en el Senado, que debe decidir sobre la prohibición nacional incluida en el proyecto republicano.