Magistrada Coaquira denuncia a implicados en caso Consorcio por falsificación
La magistrada Fanny Coaquira acusó a dos personas de falsificar un certificado para sacarla del cargo. La denuncia, presentada en La Paz, incluye delitos de falsedad ideológica y uso de documentos falsos. El fiscal Luis Carlos Torrez confirmó la investigación, que podría ampliarse a más involucrados.
«Una trama para desacreditar a la autoridad judicial»
La magistrada Coaquira aseguró que el certificado universitario presentado en su contra fue fraguado por los denunciados: Antonio Amelunge Lafuente (fugitivo) y su abogado José Ramiro Uriarte (con detención domiciliaria). Según el fiscal, ambos habrían usado el documento en una acción de cumplimiento para removerla de su puesto.
Los hilos de la conspiración
Desde mayo, autoridades judiciales de La Paz, el ministro de Justicia César Siles y un magistrado suplente habrían planeado la acción, según declaraciones de uno de los acusados. El juez Fernando Lea Plaza reveló que la sentencia fue redactada por la exvocal Claudia Castro, quien incluso intentó que él fuera el demandante.
Investigan la red detrás del caso
La fiscalía analiza «quiénes elaboraron la acción de cumplimiento», ya que el juez Lea Plaza afirmó no haber redactado el memorial. Ocho personas ya están procesadas por tráfico de influencias y falsificación en el caso Consorcio, pero la denuncia de Coaquira se centra inicialmente en Amelunge y Uriarte.
Un sistema judicial bajo sospecha
El caso Consorcio ha expuesto presuntas redes de corrupción en el sistema judicial boliviano. Anteriormente, ocho personas fueron imputadas por delitos como consorcio entre funcionarios y falsificación de sellos oficiales. La investigación sigue abierta y podría sumar más responsables.
Justicia bajo escrutinio
El proceso contra los implicados avanza mientras la fiscalía determina el alcance de la trama. La denuncia de Coaquira refuerza las dudas sobre manipulación dentro del poder judicial. Los resultados de la investigación podrían impactar en la credibilidad institucional.