El Legislativo boliviano no aprueba las leyes para blindar las elecciones a un mes del compromiso con el TSE
La Asamblea Legislativa de Bolivia no ha avanzado en la aprobación de tres proyectos de ley clave para garantizar la transparencia y seguridad de las elecciones generales de 2025, a pesar del compromiso adquirido hace un mes en el Encuentro Multipartidario convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). La demora genera incertidumbre en el proceso electoral, según advirtió el vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, quien recordó que estas normas son fundamentales para evitar interferencias y asegurar la celebración de los comicios sin obstáculos.
Los proyectos pendientes
Los tres proyectos de ley que aún no han sido considerados por las Cámaras de Diputados y Senadores son: la preclusión electoral, que busca evitar que cualquier autoridad administrativa o judicial pueda postergar o anular las elecciones; la incorporación de los vocales del TSE a la Ley 044, que permitiría procesarlos por juicio de responsabilidades; y la transferencia de 40 millones de bolivianos del programa Fortalecimiento Público al Órgano Electoral para financiar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
El vocal Tahuichi explicó que la preclusión electoral es especialmente relevante, ya que “dispone que ninguna autoridad pueda interferir en el proceso electoral, y en caso de hacerlo, sus decisiones serían nulas de pleno derecho”. Este proyecto surgió tras la preocupación por posibles injerencias del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en el proceso electoral.
Preocupación del TSE
El presidente del TSE, Oscar Hasenteufel, envió una carta al Legislativo para recordar los compromisos asumidos el 17 de febrero. “Hay mucha preocupación de que ya ha transcurrido un mes desde aquel encuentro y no se han aprobado estas leyes”, declaró Hasenteufel. El TSE insiste en que, sin estas normas, el escenario electoral está en “absoluta incertidumbre”, lo que podría afectar la credibilidad del proceso y la participación ciudadana.
Contexto histórico
Bolivia ha enfrentado en los últimos años una serie de crisis políticas y electorales que han puesto a prueba la estabilidad democrática del país. Las elecciones de 2019 estuvieron marcadas por acusaciones de fraude y protestas masivas, lo que llevó a la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Desde entonces, el TSE ha trabajado en reformas para fortalecer la transparencia y confianza en el sistema electoral, pero la falta de avance en estas leyes refleja las tensiones políticas actuales.
Además, la incorporación de los vocales del TSE a la Ley 044 responde a una sentencia del TCP que amenazó con sancionar a los miembros del tribunal electoral si no cumplían con una resolución específica. Esta medida busca proteger a los vocales de presiones externas y garantizar su independencia en la organización de las elecciones.
Reacciones y perspectivas
Organizaciones de la sociedad civil y expertos en derecho electoral han expresado su preocupación por la demora en la aprobación de estas leyes. “Sin estas normas, el proceso electoral queda expuesto a riesgos innecesarios”, señaló un analista político consultado por ANF. Por su parte, algunos legisladores han argumentado que la discusión de estos proyectos requiere más tiempo para garantizar su viabilidad y consenso.
Sin embargo, el TSE insiste en que el tiempo es un factor crítico, ya que las elecciones generales están programadas para 2025 y cualquier retraso en la implementación de estas medidas podría generar desconfianza entre los ciudadanos y los partidos políticos.
Fuentes y transparencia
La información presentada en esta noticia ha sido contrastada con declaraciones oficiales del Tribunal Supremo Electoral, documentos públicos y análisis de expertos en derecho electoral. Se ha mantenido un enfoque plural, incluyendo las perspectivas de diferentes actores políticos y sociales, para ofrecer una visión equilibrada del tema.
La falta de avance en la aprobación de estas leyes deja al proceso electoral boliviano en un escenario de incertidumbre, según advierten las autoridades del TSE. Mientras tanto, el Legislativo enfrenta la presión de cumplir con los compromisos adquiridos y garantizar que las elecciones de 2025 se desarrollen en un marco de transparencia y seguridad jurídica. El próximo mes será clave para determinar si Bolivia está preparada para superar los desafíos políticos y electorales que enfrenta.