Bolivia ocupa puestos críticos en corrupción y justicia según informe internacional
El país se sitúa en el puesto 141 de 142 en corrupción y justicia penal. El Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP) revela un sistema judicial manipulado y desigual. El gobierno boliviano rechazó el informe sin presentar datos alternativos.
«Un Estado donde la ley está capturada»
El informe del WJP coloca a Bolivia entre los peores del mundo en tres categorías: corrupción (puesto 141), justicia civil (139) y justicia penal (141). «La justicia no existe para quien no ostenta poder», señala el texto, destacando que el sistema judicial genera desigualdad y temor en lugar de garantías.
La corrupción como sistema
La problemática es estructural: desde el Ejecutivo hasta juzgados locales, el soborno y la impunidad son prácticas normalizadas. El caso del «Consorcio de Abogados» —con jueces y fiscales implicados en manipulación judicial— ejemplifica esta degradación. Los audios revelados muestran coordinación para «controlar cargos clave».
Justicia civil: utopía para el ciudadano
Los procesos legales son lentos, costosos y vulnerables a influencias políticas. En un país con 60% de economía informal, la falta de seguridad jurídica ahuyenta inversiones y frena el desarrollo.
Justicia penal: herramienta de represión
El sistema penal boliviano castiga a opositores con pruebas débiles mientras archiva casos de corrupción ligados al poder. Las cárceles, «hacinadas y olvidadas», reflejan el colapso de un sistema que amenaza más que protege.
Raíces de una crisis institucional
La corrupción y la manipulación judicial se han naturalizado tras años de gobiernos que priorizaron el control sobre la independencia de poderes. El informe subraya que la separación de poderes es una ficción en Bolivia, donde el Órgano Judicial actúa como «escudo del poder».
¿Espejo o negación?
El gobierno desacreditó el informe sin presentar alternativas, evidenciando falta de autocrítica. El texto concluye que la reforma judicial es urgente: requiere selección por mérito, fiscalización efectiva y transparencia real. Sin cambios, advierte, «la democracia y la confianza institucional seguirán erosionándose».