Expertos y líderes indígenas analizan decreto que amenaza áreas protegidas

El Decreto 5390 permitiría asentamientos ilegales y cambios de uso de suelo en reservas naturales. Este martes 24 de junio, especialistas y organizaciones ambientales se reúnen en Santa Cruz para evaluar su impacto. La normativa, promulgada el 14 de mayo, centraliza la gestión forestal y vulnera derechos indígenas.

«Una ley desastrosa que invita a la deforestación»

El Comité de Gestión de Áreas Protegidas (CGAPCHCHPA) lidera el encuentro en la Universidad Católica Boliviana, donde expertos como Humberto Jorge Vargas y Óscar Ortiz alertan sobre los riesgos del decreto. «Legaliza lo ilegal», denuncian, poniendo en peligro reservas como El Choré y la Chiquitanía. Organizaciones como SAVIA y FAN participan en la redacción de un pronunciamiento conjunto.

Derechos indígenas y crisis hídrica

Roxana Arancibia (UCB) destaca que el decreto viola el Convenio 169 de la OIT al omitir la consulta previa a pueblos originarios. Carlos Pinto (FAN) vincula la normativa con los incendios y la deforestación, que ya sitúan a Bolivia entre los países más afectados. Mónica Guzmán y Fredy Rivero advierten sobre la «crisis hídrica en la Chiquitanía», agravada por la pérdida de bosques.

Un decreto bajo la lupa

Bolivia enfrenta una presión histórica sobre sus áreas protegidas, con flexibilizaciones progresivas desde 2020. El Decreto 5390 llega en un contexto de devastadores incendios forestales y conflictos por tierras, donde comunidades indígenas exigen participación en la gestión territorial.

El futuro de los bosques en juego

La reunión busca frenar la aplicación del decreto, que centraliza decisiones y debilita la protección ambiental. Su impacto afectaría directamente a reservas críticas y a las comunidades que dependen de ellas, en un país donde la deforestación ya es una emergencia.