Senado boliviano aprueba crédito de $us 75 millones para atender emergencias climáticas
El Senado de Bolivia, bajo la presidencia de Andrónico Rodríguez, aprobó este martes un crédito de $us 75 millones otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) para enfrentar los efectos de los desastres naturales. El préstamo, suscrito el 9 de septiembre de 2024, busca financiar un programa de gestión de riesgos ante eventos climáticos adversos, según explicaron los ministros de Economía y Planificación durante la sesión.
Detalles del crédito y su destino
El proyecto de ley 562/2023-2024, que autoriza el préstamo, fue presentado por los ministros Marcelo Montenegro (Economía) y Sergio Cusicanqui (Planificación). El monto de $us 75 millones se destinará a la mitigación de los efectos de fenómenos naturales como inundaciones, sequías y otros eventos climáticos extremos, que han afectado gravemente al país en los últimos años. Cusicanqui destacó que “los fenómenos naturales se han agudizado y presentado de manera continua”, lo que exige una respuesta inmediata y eficaz.
El crédito fue aprobado tras un debate en el que algunos legisladores opositores cuestionaron la gestión del Gobierno en temas como la distribución de combustibles y la falta de liquidez en dólares. Sin embargo, la mayoría respaldó la medida, argumentando la urgencia de contar con recursos para atender las emergencias.
Contexto político y económico
La sesión del Senado se desarrolló en un momento de tensión política, marcado por la convocatoria del Gobierno a un diálogo nacional para abordar la crisis económica y las elecciones presidenciales. Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, decidió no asistir al encuentro convocado por el presidente Luis Arce, argumentando que el Gobierno debería priorizar reuniones con organismos internacionales antes que con “autoprorrogados y precandidatos”.
Este distanciamiento entre el oficialismo y sectores del Movimiento Al Socialismo (MAS) refleja las divisiones internas que atraviesa el partido gobernante, en un contexto de creciente descontento social por la crisis económica y la escasez de combustibles.
Repercusiones y críticas
Durante el debate, algunos legisladores opositores expresaron su preocupación por la falta de transparencia en la gestión de los recursos y la posible desviación de fondos. “Es fundamental que estos recursos lleguen a las comunidades más afectadas y no se pierdan en burocracia o corrupción”, señaló un senador opositor.
Por su parte, los ministros defendieron la necesidad del crédito, asegurando que se implementarán mecanismos de control para garantizar su uso adecuado. Montenegro destacó que “este préstamo es una herramienta clave para fortalecer la capacidad del Estado frente a los desafíos climáticos”.
Contexto histórico: Bolivia y los desastres naturales
Bolivia es uno de los países más vulnerables al cambio climático en América Latina. En los últimos años, ha enfrentado sequías severas, inundaciones devastadoras y el retroceso de sus glaciares, fenómenos que han afectado la agricultura, la infraestructura y la calidad de vida de millones de personas. Según datos oficiales, entre 2020 y 2023, los desastres naturales causaron pérdidas económicas superiores a los $us 500 millones.
El Gobierno ha recurrido en varias ocasiones a créditos internacionales para financiar la reconstrucción y la prevención de desastres. Sin embargo, expertos advierten que es necesario invertir en políticas de largo plazo, como la reforestación, la gestión sostenible del agua y la modernización de la infraestructura, para reducir la vulnerabilidad del país.
Fuentes y transparencia
La información sobre el crédito fue proporcionada por los ministros Montenegro y Cusicanqui durante su exposición en el Senado. Además, se consultaron fuentes oficiales del Gobierno y declaraciones de legisladores presentes en la sesión, lo que garantiza la veracidad y pluralidad de la información.
La aprobación del crédito de $us 75 millones marca un paso importante en la respuesta del Estado boliviano ante los desafíos climáticos, pero también plantea interrogantes sobre su implementación y control. En los próximos días, se espera que el Gobierno detalle los planes específicos para la ejecución de estos recursos, mientras la sociedad civil y los organismos de control exigen transparencia y eficiencia en su uso.
