Comisión del TSJ se contradice sobre verificación de documentos de postulantes
Magistrada Fanny Coaquira es acusada de presentar un certificado falsificado. Diputados revelan que no se verificaron los documentos de los 400 postulantes al TSJ y TCP, pese a que la ley lo exigía. El caso expone un presunto consorcio que influyó en el proceso judicial.
«No éramos quiénes para validar documentos»
El diputado Pablo Arizaga (CC) admitió que la comisión mixta de Constitución no verificó los certificados de los postulantes. «Era imposible revisar 400 expedientes», justificó. Sin embargo, el senador Miguel Rejas (MAS), exintegrante de la comisión, aseguró que «se solicitó información a las instituciones académicas» para corroborar los datos.
El caso Coaquira y el presunto consorcio
La controversia surgió tras una acción legal contra la magistrada Fanny Coaquira, acusada de presentar un certificado falsificado de la Universidad Unión Bolivariana. El caso vinculó a ocho personas, incluidos exfuncionarios judiciales y el exministro de Justicia César Siles, en un presunto esquema para influir en las elecciones judiciales.
«Se confió en la buena fe de los postulantes»
La senadora Silvia Salame confirmó que no todas las instituciones respondieron a las solicitudes de verificación. «Eran más de 500 postulantes», explicó. La Ley 1549 exigía corroborar la información en dos días, pero el proceso fue irregular.
Un proceso judicial bajo sospecha
El artículo 26 de la Ley 1549 establecía la verificación obligatoria de documentos, pero la comisión incumplió parcialmente este requisito. El TSJ y el TCP enfrentan críticas por la falta de transparencia en la selección de magistrados.
Silencio de los implicados
La magistrada Coaquira y su abogado no respondieron a las solicitudes de declaración. Tampoco la Universidad Unión Bolivariana aclaró si el certificado era falso, pues su rector estaba de viaje.
Justicia en entredicho
El caso revela fallas en el mecanismo de elección de magistrados y plantea dudas sobre la independencia judicial. Las contradicciones entre los legisladores profundizan la desconfianza ciudadana en el sistema.
