Bolivia ocupa el puesto 141 en Estado de Derecho según informe global
El país solo supera a El Congo y es penúltimo en América. Un informe del World Justice Project (WJP) revela el deterioro sostenido desde 2015, con corrupción judicial como principal debilidad. La ministra de Justicia rechaza los resultados.
«La justicia boliviana, entre las más corruptas del mundo»
El WJP evaluó 142 países en 2024, ubicando a Bolivia en el puesto 141 global y 29 en América, solo por encima de Nicaragua, Haití y Venezuela. «La fragilidad más grave está en los funcionarios judiciales», señala el informe, que los sitúa en el puesto 140 por uso indebido del cargo.
Los números que duelen
En el índice de Estado de Derecho, Bolivia cayó de 0.41 puntos en 2015 a 0.24 en 2024. La corrupción también afecta a policía y ejército (puesto 137), Ejecutivo (131) y Legislativo (120). Chile (29) y Uruguay (23) lideran la región, mientras Dinamarca encabeza el ranking mundial.
Un sistema judicial bajo sospecha
El informe critica la designación interina de magistrados por decreto y las elecciones judiciales cuestionadas, como las de diciembre de 2024. La Relatora de la ONU ya había alertado en enero sobre «riesgo para la independencia judicial». Casos como el presunto consorcio de jueces, abogados y el exministro César Siles agravan la crisis.
La respuesta oficial
La ministra Jessica Saravia tachó el informe de «tergiversado políticamente» y defendió evaluaciones de la OCDE, pese a que Bolivia no es miembro. Organizaciones locales exigen investigaciones imparciales sobre los casos de corrupción judicial mencionados.
De crisis en crisis
Desde 2009, Bolivia alternó entre designación de magistrados por decreto y elecciones judiciales sin consenso. El MAS aplicó ambos modelos, pero la legitimidad de los órganos judiciales se erosionó, según el texto. Unidades de transparencia no han frenado la injerencia política en siete años.
Un futuro incierto para el Estado de Derecho
El retroceso sostenido desde 2015 y la negativa oficial a reconocer el problema dificultan soluciones inmediatas. El WJP advierte que sin justicia imparcial y gobierno abierto, Bolivia seguirá lejos de los estándares democráticos regionales.
