Candidatos presidenciales proponen libre exportación y biotecnología en foro agropecuario
Cuatro aspirantes a la Presidencia de Bolivia presentarán sus propuestas para el sector. El evento, organizado por la CAO, se celebrará el 25 de junio en Fexpocruz (Santa Cruz). Las iniciativas buscan reactivar el agro tras «15 años de atraso» por restricciones estatales.
«El agro es clave para la recuperación económica»
Los candidatos Samuel Doria Medina (Alianza Unidad), Andrónico Rodríguez (MAS), Manfred Reyes Villa (Súmate-APB) y Jorge Tuto Quiroga (Alianza Libre) coinciden en priorizar la libre exportación y el uso de biotecnología. Zvonko Matkovic, representante de Doria Medina, denunció que el sector ha sufrido un «Estado tranca» que frenó su desarrollo.
Propuestas centrales
Liberar las exportaciones y eliminar vetos es la principal demanda. Matkovic destacó que Paraguay, con menos tierra, produce cuatro veces más que Bolivia. Darwin Choquerive (MAS) añadió que se debe garantizar seguridad jurídica y evitar «trabas» como las actuales.
Biotecnología y seguridad jurídica
Arturo Heredia (Súmate-APB) propuso integrar a Bolivia en un «cuadrilátero» productivo con Argentina, Brasil y Paraguay. Eduardo Serrate (Alianza Libre) pidió abrogar la Ley 1715 por «obsoleta» y fortalecer la infraestructura ferroviaria.
Un sector que pide reglas claras
Klaus Frerking, presidente de la CAO, subrayó que las medidas consensuadas «no costarán un solo centavo al Estado». El ejecutivo agropecuario atribuyó el atraso del sector a decisiones gubernamentales como el veto a exportaciones, vigente por más de 15 años.
El agro como motor económico
El foro busca definir políticas para los próximos cinco años. Los candidatos insisten en que Bolivia debe convertirse en un «granero» global, ya que «vivirá de la producción agrícola». Las propuestas apuntan a competir con vecinos y generar divisas.
¿Un nuevo rumbo para el agro?
El consenso del 25 de junio podría marcar la hoja de ruta del sector. La CAO confía en que, con reglas claras, se revertirá el atraso acumulado. Su impacto dependerá de la voluntad política del próximo gobierno.
