Extranjeros vinculados al narcotráfico en el norte de Potosí

Denuncian proliferación de colombianos y venezolanos en cultivos ilegales en Potosí, con vínculos a redes criminales y uso de fondos públicos.
Agencia de Noticias Fides - Bolivia

Denuncian proliferación de extranjeros vinculados al narcotráfico en norte de Potosí

El Comité Cívico Potosinista acusa a colombianos y venezolanos de controlar cultivos ilegales. Autoridades destruyeron carpas solares con marihuana en la zona, donde asesinaron a cuatro policías. El Gobierno reconoció que algunas plantaciones usaban recursos estatales.

«México chico»: el territorio sin ley del norte potosino

Alberto Pérez, presidente de COMCIPO, denunció que ciudadanos colombianos y venezolanos han establecido «guaridas» para manejar el narcotráfico en la región. «La justicia y la policía no actuaron pese a nuestras alertas», afirmó. El viceministro Jhonny Aguilera confirmó que plantaciones destruidas eran regadas con fondos públicos.

Redes criminales con vínculos políticos

Pérez aseguró que los líderes de estas actividades son «manos derechas de Evo Morales», manejando millones de dólares provenientes del narcotráfico. El asambleísta Herminio Fernández añadió que estudiantes son reclutados cerca de colegios, donde se hallaron cultivos ilegales.

Cuatro policías muertos y cero respuestas

El asesinato de los agentes en Llallagua reavivó las críticas hacia la inacción estatal. La zona, conocida como «México chico», carece de presencia institucional y registra tráfico de armas. Las carpas solares destruidas revelaron métodos sofisticados para cultivar marihuana.

Un caldo de cultivo que viene de lejos

El norte de Potosí lleva años bajo control de grupos criminales, con denuncias recurrentes sobre narcotráfico y corrupción. La falta de intervención estatal permitió que estas redes crecieran, usando incluso programas públicos para financiarse.

La sombra del narco se alarga sobre Potosí

La situación evidencia la penetración del crimen organizado en zonas abandonadas por el Estado. La vinculación de recursos públicos y el reclutamiento de jóvenes plantean desafíos urgentes para las autoridades.