Bolivia es el segundo país más corrupto del mundo según informe internacional
El país ocupa el puesto 141 de 142 en el Índice de Estado de Derecho del WJP. Un analista atribuye esta situación a la gestión del MAS, que habría debilitado la separación de poderes. El estudio evalúa cuatro dimensiones de corrupción en instituciones estatales.
«El MAS generó las condiciones para la corrupción institucionalizada»
El analista constitucional William Herrera afirma que el partido de Gobierno «nunca creyó en la separación de poderes» durante su administración. Según él, se centralizó el poder ignorando la independencia establecida en la Constitución. «La corrupción se ha institucionalizado en Bolivia», declaró a UNITEL, citando el caso del exministro Siles.
El caso «Consorcio» como ejemplo
Herrera menciona la investigación contra exjueces, vocales y el exministro de Justicia César Siles, acusados de direccionar un fallo judicial para suspender a una magistrada del TSJ. Este caso, según el analista, refleja la gravedad del problema.
Oficinas anticorrupción sin resultados
El experto critica que las iniciativas gubernamentales contra la corrupción fueron ineficaces. «Se creó una oficina anticorrupción, un programa cero corrupción, pero lo cierto es que está institucionalizada», señaló. El informe del WJP mide específicamente el abuso de cargos públicos en los poderes Ejecutivo, Judicial, Legislativo y fuerzas de seguridad.
Una década de erosión institucional
El análisis vincula los resultados del informe con más de diez años de gestión del MAS, donde según Herrera se priorizó la concentración de poder sobre los controles democráticos. El World Justice Project basa su evaluación en datos de 2024, considerando el uso indebido de cargos para beneficio personal en todas las ramas del Estado.
Un ranking que duele
El informe posiciona a Bolivia como el país más corrupto de Latinoamérica y el segundo a nivel mundial, solo por delante de otro Estado no especificado en el texto. La medición se centra en cuatro dimensiones de abuso de poder, afectando la percepción ciudadana sobre las instituciones públicas.
