El Vaticano propone medidas para aliviar la deuda de países en desarrollo
Un informe dirigido por Joseph Stiglitz advierte que 54 países destinan más del 10% de sus ingresos a intereses. El documento, encargado por el papa Francisco, busca liberar recursos para inversiones sociales y climáticas. Será debatido en foros internacionales como la ONU y el G20.
«Una década perdida para naciones enteras»
El informe, publicado el viernes por el Vaticano, denuncia que el sistema actual «sirve a los mercados financieros, no a las poblaciones». Según los 30 expertos participantes, el pago de deudas «priva a millones de personas de salud, educación y empleo». Joseph Stiglitz, Nobel de Economía y director del estudio, alerta sobre el riesgo de un colapso social prolongado.
Soluciones urgentes
El texto exige reestructuraciones rápidas de la deuda y critica al FMI por rescatar a acreedores privados. Propone que gobiernos e instituciones multilaterales prioricen «inversiones esenciales en resiliencia climática e infraestructuras» sobre el pago a bancos.
De Francisco a León XIV: continuidad en la lucha
El papa Francisco impulsó el informe en febrero como parte del Jubileo 2025. Su sucesor, León XIV, reforzó el mensaje durante su misa inaugural, condenando «un paradigma económico que margina a los pobres». Ambos pontífices vinculan la doctrina social católica con la justicia financiera global.
Próximos pasos
Las conclusiones se discutirán en julio en Sevilla (Conferencia de Financiamiento), en septiembre en la ONU y en noviembre en la cumbre del G20 en Johannesburgo. El Vaticano busca convertir sus propuestas en políticas concretas mediante estos espacios multilaterales.
Un sistema que ahoga
El informe revela que la carga de intereses se duplicó en 10 años para los países en desarrollo, limitando su capacidad de respuesta ante crisis climáticas y sanitarias. Esta situación contrasta con el crecimiento de los mercados financieros globales.
Un llamado a la acción global
El documento del Vaticano marca un hito al unir voces académicas, religiosas y políticas. Su impacto dependerá de la voluntad de acreedores y organismos internacionales para reformar un sistema que, según evidencia el informe, profundiza las desigualdades.
