Asamblea boliviana aprueba créditos por $us 410 millones y exige transparencia
Legisladores rechazan que los fondos sean de «libre disponibilidad». Los préstamos, destinados a emergencias, infraestructura educativa y puentes, suman $us 4.284 millones en la gestión de Arce. Diputados y senadores piden claridad en el uso y recortes de gastos gubernamentales.
«No más créditos sin destino claro»
La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó tres créditos externos: $us 250 millones del BID para emergencias, $us 50 millones de Fonplata para infraestructura deportiva escolar y $us 110 millones de CAF para construcción de puentes. Los fondos requieren aún la ratificación del pleno, pero legisladores de oposición denuncian desvíos históricos. «Aprobamos créditos para COVID y rindieron cuentas por menos», señaló el diputado Aldo Terrazas (CC).
Requisitos cruzados
La diputada Krupskaya Oña (CC) exigió que cada préstamo tenga «nombre y apellido», criticando que $us 1.400 millones estén «parados» como libre disponibilidad. En el Senado, Henry Montero (Creemos) cuestionó gastos como Bs 38 millones en el avión presidencial o Bs 16 millones para el ministro de Justicia. Luis Flores (MAS) admitió posibles recortes, como Bs 200 millones del bicentenario.
Deuda que alimenta deuda
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, reveló que se necesitan $us 800 millones solo para pagar servicios de deuda. Fernando Romero, economista de Tarija, advirtió que esto podría reactivar advertencias negativas de Fitch Ratings. Según datos oficiales, el 58,8% del PGE 2025 (Bs 174.235 millones) se destina a gastos corrientes.
Cuatro años, 39 préstamos
Desde 2021, Bolivia ha aprobado créditos por $us 1.684 millones en salud, $us 1.124,8 millones en obras públicas y $us 983 millones en medio ambiente. Los $us 4.284 millones en deuda externa incluyen partidas para el Censo ($us 140 millones) y reactivación económica ($us 130 millones).
El oxígeno llega con condiciones
Los $us 410 millones aprobados alivian la presión fiscal, pero la eficacia dependerá de su ejecución transparente. Mientras el Ejecutivo prioriza liquidez, la Asamblea insiste en auditorías y ajustes presupuestarios para evitar nuevos desvíos.
