Orden de aprehensión contra exministro Siles por corrupción

La Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra el exministro Siles por tráfico de influencias y consorcio en un caso judicial, basada en un audio y el testimonio de un juez.
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Fiscalía emite orden de aprehensión contra exministro Siles por corrupción

La acusación incluye tráfico de influencias y consorcio en un caso judicial. La medida se basa en un audio y el testimonio de un juez que lo vincula con una trama para remover a una magistrada. Siles renunció días antes de estallar el escándalo.

«No solo es el audio»: las pruebas que pesan sobre Siles

El fiscal general Róger Mariaca confirmó que la orden de aprehensión se emitió tras analizar «últimos elementos e indicios», incluida la declaración del juez Fernando Lea Plaza. Este reveló que Siles, junto a otros funcionarios, presionó para suspender a la magistrada del TSJ Fanny Coaquira y favorecer al suplente Iván Campero. «La decisión ya estaba tomada», afirmó el juez.

La renuncia previa y la defensa del exministro

Siles dejó el Ministerio de Justicia días antes de que se conociera el caso. En redes sociales, declaró: «No tengo nada que ocultar. Yo no me escapo», ofreciéndose a colaborar. La Fiscalía aclaró que se respetan sus garantías constitucionales, incluida la presunción de inocencia.

Una trama con nombres propios

Según Lea Plaza, Siles actuó junto al magistrado Campero y la vocal Claudia Castro. El juez detalló reuniones donde se coordinó la suspensión de Coaquira, prometiendo ascensos a cambio. Mariaca subrayó que el testimonio «da más luces» sobre una red de corrupción que trasciende el audio inicial.

Un caso que salpica al poder judicial

El llamado «Consorcio político-judicial» investiga presuntas redes de influencia entre funcionarios del TSJ y el Ejecutivo. El audio y las declaraciones judiciales han expuesto mecanismos de presión para alterar decisiones en el máximo tribunal.

Justicia bajo escrutinio

El caso revela tensiones internas en el TSJ y podría afectar la credibilidad institucional. La Fiscalía deberá demostrar las acusaciones en un proceso que ya ha generado reacciones políticas.