Bolivia evidencia avances legales pero falla en proteger a indígenas aislados

Evento internacional revela contradicción entre normativa y práctica estatal. Organizado por CEJIS y GTI PIACI en Santa Cruz, el encuentro expuso la falta de coordinación institucional y voluntad política para aplicar leyes que protegen a pueblos como Ayoreo o Toromona.

«Un marco legal avanzado, pero sin implementación efectiva»

El Encuentro Internacional del 12 de junio, con participación de expertos y autoridades, presentó un informe regional para guiar el reconocimiento de pueblos indígenas en aislamiento (PIACI). «Bolivia tiene leyes progresistas, pero no las ejecuta», destacó el antropólogo Antenor Vás. Asistieron representantes del Tribunal Constitucional, Viceministerio de Justicia Indígena y Defensoría del Pueblo, entre otros.

La brecha entre papel y realidad

La Constitución de 2009 y la Ley N.º 450 (2013) reconocen derechos a los PIACI, pero su aplicación es «lenta y desarticulada». El Decreto Supremo N.º 4793 (2022) creó la DIGEPIO, pero esta carece de recursos y respaldo político. Organismos como AJAM, ABT o SERNAP actúan de forma contradictoria: «Mientras unos protegen, otros otorgan concesiones extractivas», denunciaron participantes.

Principios en riesgo

El derecho al no contacto y la autodeterminación fueron ejes del debate. «Los PIACI deciden aislarse para sobrevivir; el Estado debe garantizarlo», subrayaron. La DIGEPIO, aunque clave, no tiene capacidad para coordinar acciones efectivas frente a intereses económicos.

Una deuda histórica con rostro transfronterizo

Pueblos como los Ayoreo (Bolivia-Paraguay) o Ese Ejja (Bolivia-Perú) requieren coordinación entre Estados. Experiencias como la Iniciativa Amotocodie (Paraguay) o CEJIS (Bolivia) demuestran que es posible proteger territorios, pero falta voluntad política regional.

Derechos en el papel, vulnerabilidad en el territorio

Bolivia aprobó leyes pioneras tras presión indígena durante la Asamblea Constituyente. Sin embargo, el extractivismo y la descoordinación institucional han perpetuado la vulnerabilidad de los PIACI. La Ley N.º 450 tardó nueve años en reglamentarse parcialmente.

Proteger su aislamiento es proteger la vida

El evento concluyó que los PIACI deben ser prioritarios en políticas públicas. Sin acción inmediata, su supervivencia peligra. Como señaló el embajador de España: «La ley debe reflejarse en la realidad». La deuda histórica sigue pendiente.