Diputado propone eliminar el Ministerio de Justicia

Óscar Balderas presenta un proyecto de ley para cerrar el Ministerio de Justicia, argumentando austeridad y subordinación judicial.
El Deber

Diputado propone eliminar el Ministerio de Justicia por austeridad y «subordinación judicial»

Óscar Balderas, de CC, presenta un proyecto de ley para cerrar la cartera. La iniciativa busca reducir gastos y debatir la independencia judicial. Surge tras la renuncia del exministro Siles, vinculado a presunta injerencia en jueces.

«Reorganizar la justicia para evitar su subordinación al Ejecutivo»

El diputado Balderas argumenta que el Ministerio de Justicia «opera como una instancia política que condiciona al Órgano Judicial». Señala que su eliminación, siguiendo ejemplos como Costa Rica o Uruguay, sería un primer paso para «reconstruir el Estado de Derecho». Aunque reconoce que el proyecto tiene pocas chances de aprobarse, insiste en abrir el debate.

Contexto de crisis y denuncias

La propuesta llega en medio de acusaciones de manipulación política y corrupción en el sistema judicial, agravadas por el escándalo del exministro Siles, quien renunció tras ser vinculado a presiones sobre vocales y jueces. Balderas recuerda que Bolivia arrastra una «crisis de independencia judicial desde hace años».

Un ministerio bajo la lupa

Según el legislador, la cartera no cumple un rol de coordinación técnica, sino que «actúa en favor del Gobierno». La iniciativa apunta a redistribuir sus funciones en otras instituciones, aunque no detalla cómo se garantizaría la transición. El proyecto no menciona plazos ni alternativas concretas.

Justicia en entredicho

Bolivia enfrenta un déficit histórico de credibilidad en su sistema judicial, con recurrentes acusaciones de politización. El caso Siles reavivó las críticas, incluso desde el oficialismo, como reflejó Evo Morales al cuestionar: «¿Alguien cree que Siles actuaba por iniciativa propia?».

Un debate pendiente

La propuesta de Balderas pone sobre la mesa la necesidad de reformas estructurales, aunque sin consenso político inmediato. Su impacto dependerá de que otros actores institucionales sumen voces al reclamo de autonomía judicial.