Fiscalía aprehende a abogado por manipulación judicial en Bolivia

Cuatro personas están detenidas en el caso 'Consorcio', que investiga una red para destituir ilegalmente a la magistrada Fanny Coaquira. El abogado José Ramiro Uriarte se presentó voluntariamente pero fue trasladado a la FELCC.
El Deber

Fiscalía aprehende a abogado por presunta manipulación judicial en Bolivia

Cuatro personas ya están detenidas en el llamado «caso Consorcio», que investiga una red para destituir ilegalmente a la magistrada Fanny Coaquira. El abogado José Ramiro Uriarte se presentó voluntariamente pero fue trasladado a la FELCC este miércoles.

«Una trama para controlar el TSJ»

La Fiscalía investiga una presunta red coordinada entre jueces, vocales y exautoridades para remover a Coaquira y favorecer a su suplente, Iván Campero. Según los fiscales, se usaron «argumentos falsos e incongruentes» en una acción de cumplimiento. Campero fue aprehendido el martes, mientras que el juez Marcelo Lea Plaza y la vocal Claudia Castro ya estaban detenidos.

El audio que destapó el caso

La investigación comenzó tras filtrarse un audio atribuido al juez Lea Plaza y al exministro César Siles, donde se escuchan supuestas coordinaciones para apartar a Coaquira. En la grabación también se menciona a Yván Córdova, ex presidente del TDJ de La Paz, y a la vocal Castro como participantes clave.

Repercusión en el sistema judicial

El caso provocó la renuncia del exministro Siles y llevó a tres altos tribunales a crear un observatorio para proteger la independencia judicial. La vocal Castro renunció horas antes de que su oficina fuera allanada, tras resolver causas de alto perfil político.

Una crisis con antecedentes

El sistema judicial boliviano enfrenta denuncias recurrentes de injerencia política. Este caso refleja supuestas prácticas de coordinación irregular entre operadores externos y funcionarios para influir en designaciones clave, según la Fiscalía.

Justicia bajo escrutinio

Las detenciones muestran el avance de la investigación, pero la credibilidad institucional queda en entredicho. El TSJ y otros tribunales buscan blindar su autonomía mientras se desarrolla el proceso.