Bolivia en lista gris del GAFI hasta 2027 por falta de ley

El Gobierno envió un proyecto de ley para cumplir con las exigencias del GAFI contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, advirtiendo sanciones si no se aprueba.
El Deber

Bolivia permanecerá dos años en lista gris del GAFI por falta de ley

El Gobierno envió un proyecto para cumplir exigencias contra el lavado de activos. El ministro Montenegro advirtió que, sin aprobación, el país podría caer en la lista negra. La Asamblea Legislativa rechazó iniciativas similares en el pasado.

«Tenemos dos años para corregir el rumbo»

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, confirmó que Bolivia seguirá en la lista gris del GAFI hasta 2027 por carecer de una ley específica contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Junto a la ministra de Justicia, Jessica Saravia, presentaron un proyecto que modifica el Código Penal e incluye «técnicas especiales de investigación», como agentes encubiertos. «Si no se aprueba, enfrentaremos sanciones financieras», alertó.

Repercusión para el sistema financiero

Montenegro destacó que la inclusión en la lista gris ya afecta transacciones internacionales y podría empeorar si Bolivia cae en la lista negra. La próxima evaluación del GAFI será en 2027, y el país debe demostrar avances para evitar restricciones a flujos de capital.

Un historial de intentos fallidos

Desde 2021, iniciativas similares fueron archivadas o anuladas por «presiones políticas», según el Ejecutivo. Montenegro citó la derogación de la Ley 386 como un retroceso. Saravia enfatizó que las nuevas herramientas son clave para combatir redes criminales «con empresas fachada y cuentas en el exterior».

Entre la urgencia y la resistencia

El Gobierno acusa a la Asamblea Legislativa de «sabotear» normas previas, mientras insiste en socializar el proyecto. Saravia subrayó: «Estas modificaciones no son opcionales; son exigidas por el GAFI». El debate político marcará el destino de la propuesta.

Credibilidad internacional en juego

Bolivia enfrenta un plazo crítico para evitar consecuencias mayores. El cierre dependerá de si el Legislativo aprueba las reformas y el país logra salir de la lista gris antes de 2027.