Fiscales investigan red judicial para inhabilitar a magistrada del TSJ

Hallan pruebas de coordinación entre jueces, fiscales y un exministro para depurar a Fanny Coaquira del TSJ de La Paz. Cuatro implicados ya fueron detenidos.
El Deber

Fiscales investigan red judicial para inhabilitar a magistrada del TSJ

Hallan pruebas de coordinación entre jueces, fiscales y un exministro. Las comunicaciones incautadas revelan un plan para depurar a Fanny Coaquira del TSJ de La Paz y favorecer a su suplente. Cuatro implicados ya fueron detenidos.

«Un fallo redactado por encargo»

Según documentos judicializados, la vocal Claudia Castro escribió la resolución de inhabilitación y la envió por WhatsApp al juez Fernando Lea Plaza para su firma el 8 de junio. El expresidente del TDJ de La Paz, Yván Córdova, coordinó el proceso, mientras el exministro César Siles aparece vinculado en los registros del celular incautado.

Reuniones y logística

Las pruebas muestran encuentros presenciales, como uno el 19 de mayo en el piso 7 de un centro comercial. El equipo del juez Lea Plaza participó en notificaciones ilegales vía WhatsApp a la Sala Plena del TSJ, según los mensajes judicializados.

Operativo anticorrupción desmantela la red

El 12 de junio, la FELCC y la Fiscalía allanaron el juzgado de Coroico y detuvieron al juez Lea Plaza y a la vocal Castro. Córdova renunció y está investigado, mientras el magistrado suplente Iván Campero fue aprehendido. El caso evidencia «fragilidad en la independencia judicial», según análisis internos del Órgano Judicial.

Un teléfono que destapó el consorcio

El celular del juez Lea Plaza, incautado durante la investigación, contenía audios, fotos y mensajes que detallaban la coordinación entre operadores de justicia y actores políticos. Las comunicaciones se intensificaron entre mayo y junio de 2025, previo a la inhabilitación de Coaquira.

Justicia bajo escrutinio

El caso revela mecanismos de influencia entre el sistema judicial y el poder político. Las detenciones y renuncias marcan un punto crítico en la credibilidad institucional, aunque las investigaciones continúan bajo reserva fiscal.