Nuevo avasallamiento en Pozo del Tigre afecta 3.000 hectáreas productivas
Entre 80 y 100 personas ingresaron violentamente a un predio en Santa Cruz. La CAO y el TSJ analizan acciones legales. Los invasores destruyeron cultivos de trigo y sorgo, según denuncia de la empresa propietaria.
«Romper alambrados y chaqueos ilegales»: la incursión violenta
El avasallamiento ocurrió en la propiedad San Diego 2, colindante con la colonia menonita Manitoba (municipio de Pailón). Los invasores ingresaron armados con machetes, rompieron cercos e instalaron carpas precarias, según el abogado de la empresa Algarrobal S.A., dueña del predio. La denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía y la Policía, exigiendo investigación y desalojo inmediato.
Reunión clave: CAO y TSJ buscan respuestas
Klaus Frerking, presidente de la CAO, se reunió con autoridades del TSJ y el TDJ de Santa Cruz. «Esperamos que la ley se cumpla y metan preso al que tengan que meter», declaró Frerking, quien destacó la «preocupación» del Órgano Judicial por estos casos. Actualmente, hay avasallamientos activos en el Norte Integrado y Pozo del Tigre.
«Deterioro de la producción»: el impacto económico
Frerking alertó sobre el daño al sector agropecuario, citando bloqueos en Cochabamba que redujeron en 25% la carga de pollitos bebés. Criticó «20 años de política intervencionista» que, según él, limitó la libertad productiva. «Estamos cosechando políticas erradas con un modelo que nunca funcionó para el agro», afirmó.
Antecedentes: tensiones agrarias en Santa Cruz
Los avasallamientos en tierras productivas cruceñas son recurrentes, con conflictos entre propietarios y grupos que reclaman derechos sobre los terrenos. La CAO denuncia que estas acciones afectan la seguridad jurídica y la producción de alimentos, en un contexto de políticas estatales cuestionadas por el sector.
Justicia en la mira: ¿habrá soluciones?
El caso de Pozo del Tigre pone a prueba la capacidad institucional para garantizar el derecho a la propiedad y reactivar la producción. La CAO confía en que las acciones judiciales frenen los avasallamientos, pero el escenario sigue marcado por tensiones sociales y económicas en el oriente boliviano.
