Exministro Siles declara ante la Fiscalía por presunta manipulación judicial
El exministro de Justicia se presentó voluntariamente para ser investigado por tráfico de influencias. El caso surge tras filtrarse un audio donde supuestamente instruía destituciones irregulares. Ocurre en el marco de su renuncia y la transición de mando a la nueva autoridad.
«No tengo nada que ocultar»: la defensa de Siles
César Siles acudió este martes al Ministerio Público y negó cualquier intención de huir. «Me presentaré voluntariamente ante cualquier citación», declaró en redes sociales. Aseguró que su renuncia al cargo fue previa a la investigación y atribuyó las acusaciones a «ataques políticos de Evo Morales y su séquito».
El audio que desencadenó la crisis
La Fiscalía analiza una grabación donde Siles aparentemente ordena destituir a la vocal Claudia Castro del TDJ de La Paz para favorecer a su suplente. El juez Marcelo Lea Plaza ya fue detenido preventivamente, mientras Castro espera audiencia de medidas cautelares. El exministro también está investigado por consorcio entre operadores judiciales.
Repercusiones institucionales
El escándalo provocó la renuncia del presidente del TDJ paceño, Yván Córdova, incluido en la pesquisa. La investigación fue declarada bajo reserva, según Siles, quien solicitó acceso al cuadernillo de pruebas. El plazo de transición de mando en el Ministerio de Justicia concluye hoy con la posesión de Jessica Saravia.
Un sistema judicial bajo sospecha
El caso evidencia presuntas prácticas de manipulación en el poder judicial boliviano. En 2024, el país ya enfrentó denuncias por politización de instituciones, pero esta es la primera vez que un exministro en funciones es investigado por tráfico de influencias con pruebas audibles.
Justicia en manos de la Fiscalía
El Ministerio Público deberá determinar la autenticidad del audio y los alcances de las acusaciones. Mientras, Siles mantiene su disposición a colaborar, aunque insiste en que es víctima de una «campaña de difamación». El desenlace podría afectar la credibilidad del Gobierno en materia judicial.