Bolivia niega riesgo de hambruna pese a alerta de la FAO

La canciller boliviana rechaza informe de la ONU que alerta sobre inseguridad alimentaria aguda en 2.2 millones de personas, mientras el Gobierno insiste en la producción local.
El Deber

Canciller boliviana rechaza informe de la FAO sobre riesgo de hambruna

2.2 millones de bolivianos enfrentan inseguridad alimentaria aguda. La ONU alerta del deterioro por inflación y escasez de combustible, mientras el Gobierno insiste en que hay seguridad alimentaria.

«Bolivia produce, no hay riesgo de hambruna»

La canciller Celinda Sosa, en declaraciones a la Red Erbol, afirmó que «Bolivia tiene un sector productivo muy activo» y aseguró que el país goza de seguridad alimentaria. «Yo soy una agricultora que vengo del campo… hoy podemos encontrar papa y tomate a costos muy bajos», sostuvo, desestimando el informe de la FAO y el PMA.

Datos que preocupan a la ONU

El reporte indica que el 19% de la población boliviana (2.2 millones) sufre inseguridad alimentaria aguda. Advierte que la situación empeorará por la «alta inflación sostenida y disminución de reservas de divisas», lo que limita el acceso a alimentos. La escasez de combustible también afecta la producción agrícola, especialmente de maíz.

Inflación y dependencia de importaciones

El INE reportó una inflación acumulada del 9.81% en los primeros cinco meses de 2025, la más alta en 30 años. Bolivia importa el 90% del diésel y el 56% de la gasolina, lo que genera retrasos en sectores clave como transporte y agricultura, además de largas filas en gasolineras.

Un contexto regional complicado

El informe semestral de la ONU sitúa a Bolivia y Colombia bajo vigilancia por riesgo de hambruna, mientras Haití sigue siendo el punto más crítico de América Latina por violencia, crisis económica y cambio climático.

Entre cifras oficiales y advertencias internacionales

Mientras el Gobierno boliviano niega el riesgo de hambruna y destaca la producción local, los organismos internacionales proyectan un deterioro alimentario para el segundo semestre de 2025, vinculado a factores económicos estructurales.