Gobierno boliviano exigió renuncia a Siles por injerencia judicial

El exministro de Justicia César Siles fue forzado a renunciar tras vincularlo con un intento de influir en decisiones judiciales, según confirmó el presidente del TSJ.
Agencia de Noticias Fides - Bolivia

Gobierno boliviano exigió renuncia a Siles por injerencia en el Poder Judicial

El exministro de Justicia fue implicado en un consorcio para influir en decisiones judiciales. El presidente del TSJ, Romer Saucedo, confirmó que la dimisión fue forzada por el Ejecutivo. El caso incluye la suspensión irregular de una magistrada electa.

«No hubo renuncia voluntaria, fue una exigencia»

Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), reveló que César Siles no renunció espontáneamente como ministro de Justicia, sino que «el Ejecutivo le pidió su dimisión» tras vincularlo con un intento de injerencia en el Órgano Judicial. La medida se tomó después de que se conociera que un juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, suspendió ilegalmente la credencial de la magistrada electa Fany Cuaquira a pedido de Siles.

Acciones judiciales inmediatas

Saucedo destacó que el Ministerio Público actuó con celeridad: el juez Lea Plaza fue aprehendido por ejecutar un fallo irregular. Además, calificó el hecho como «un golpe al Órgano Judicial» y subrayó que «hay malos jueces, pero también malos ministros».

Un escándalo con documentos oficiales

El sábado 14 de junio, se difundió una carta de renuncia de Siles, que fue aceptada de inmediato por el presidente Luis Arce. Sin embargo, Saucedo aclaró que el documento fue resultado de presión política y no de una decisión personal del exministro.

Antecedentes: una sombra sobre la justicia

El caso se enmarca en denuncias previas sobre retrasos en leyes clave como la Contra la Tortura y de Reparación, así como críticas a la reforma judicial en Bolivia. La injerencia de poderes políticos en la justicia no es nueva, pero este episodio evidencia tensiones institucionales abiertas.

¿Qué sigue para el sistema judicial?

El hecho refuerza la percepción de debilidad institucional en Bolivia. La rápida actuación del Ministerio Público y las declaraciones del TSJ muestran un intento por delimitar responsabilidades, pero el impacto en la confianza ciudadana aún está por verse.

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