Abogado defiende que solo el Estado viola derechos humanos

Un exrepresentante del Defensor del Pueblo afirma que los civiles no pueden vulnerar DDHH. La declaración surge tras la masacre de Llallagua y contradice jurisprudencia internacional. Expertos recuerdan que los derechos fundamentales también protegen frente a abusos entre particulares.

«Los únicos que violan DDHH son el Estado»: la polémica declaración

Un abogado vinculado al gobierno boliviano aseguró que «la población civil jamás va a violentar DDHH», argumentando que solo el Estado puede ser responsable de estas violaciones. La afirmación, hecha tras los hechos violentos en Llallagua, ignora doctrinas jurídicas modernas que reconocen la protección horizontal de los derechos humanos.

Jurisprudencia internacional desmiente la postura

La Corte Europea de DDHH y la CORTE IDH han establecido que los Estados pueden ser responsables por no prevenir violaciones cometidas por particulares. Ejemplos como el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras (1988) refuerzan que los derechos humanos obligan tanto al poder público como a individuos y grupos privados.

De la teoría vertical a la horizontal

El Tribunal Constitucional Alemán y la COMISIÓN IDH sostienen que los derechos fundamentales protegen también frente a abusos entre civiles. En Bolivia, el Tribunal Constitucional ha respaldado esta visión en sentencias como la SC 1478/2013, señalando que «cualquier vulneración a derechos fundamentales puede ser oponible también a particulares».

Un debate con raíces en el siglo XX

La discusión surge de teorías clásicas que limitaban la violación de DDHH al Estado, pero la evolución jurídica ha incorporado principios como la progresividad y la prohibición de regresividad. Organismos internacionales y tribunales han ampliado esta protección a contextos donde actores no estatales cometen abusos.

DDHH: una responsabilidad compartida

La postura del abogado contrasta con el consenso jurídico actual, que exige a todos los actores sociales respetar los derechos fundamentales. La jurisprudencia demuestra que el Estado no es el único obligado, sino también garante frente a violaciones cometidas por particulares.