Bolivia elabora nueva ley para salir de la lista gris del GAFI

El Gobierno presenta un proyecto para cumplir con las exigencias internacionales. La norma busca corregir deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y evitar restricciones financieras. El ministro de Economía responsabiliza al Legislativo por el retraso.

«El sabotaje legislativo tiene consecuencias»

El ministro Marcelo Montenegro afirmó que Bolivia ya cumplió parcialmente con las recomendaciones del GAFI, pero persiste un vacío legal en técnicas de investigación financiera. «Advertimos los riesgos de anular normas previas», señaló, en referencia a las leyes 386 (2021), 218 y 280, que no prosperaron. La inclusión en la lista gris data del 13 de junio.

Impacto económico y urgencia

La medida del GAFI afecta la imagen financiera del país, limita la atracción de inversiones y complica las operaciones bancarias internacionales. El nuevo proyecto prioriza métodos de investigación judicial, aunque Montenegro reconoció que su aprobación depende de «superar la politización» en la Asamblea Legislativa.

Un historial de intentos fallidos

Desde 2021, Bolivia ha enfrentado obstáculos para consolidar una normativa contra el lavado de activos. La Ley 386 fue abrogada tras protestas atribuidas a «sectores conservadores». En 2023, una disposición similar en el Presupuesto General del Estado también fue rechazada. El GAFI exige avances concretos para evitar sanciones más severas.

Una carrera contra el reloj

El Gobierno busca demostrar «buena voluntad» ante el organismo internacional, pero el plazo para corregir las observaciones sigue en marcha. La eficacia de la nueva ley dependerá de su aprobación y aplicación, en un contexto de tensiones políticas y riesgos económicos crecientes.