Evo Morales denuncia control político del TSJ y Fiscalía en Bolivia

El expresidente Evo Morales acusa al gobierno de Luis Arce de intervenir en el sistema judicial, basándose en un audio atribuido al exministro Siles.
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Evo Morales denuncia control político del TSJ, TCP y Fiscalía en Bolivia

El expresidente acusa a Luis Arce de intervenir en el sistema judicial. Morales afirma que un audio atribuido al exministro Siles prueba la manipulación de fallos. La denuncia surge horas después de la difusión del registro.

«El audio confirma la violación de la independencia de poderes»

Evo Morales, líder del MAS y expresidente, declaró en redes sociales que el audio atribuido a César Siles (exministro de Justicia) evidencia «intervención directa» de Arce en decisiones judiciales. «El TSJ, el TCP y la Fiscalía están sometidos al control político», escribió. El registro menciona un intento de influir en la suspensión de la magistrada Fanny Coaquira.

Repercusión institucional

Morales remarcó que esta situación «vulnera la CPE y anula la legitimidad de fallos judiciales». Advirtió que «cuando la justicia se somete al poder, la democracia está en peligro». Convocó a la ciudadanía a defender la independencia judicial, aunque no precisó acciones concretas.

El audio que sacude al gobierno

El registro difundido en redes muestra una supuesta llamada de Siles al juez Marcelo L. de Coroico, pidiendo «direccionar» un fallo contra Coaquira. Siles renunció al Ministerio de Justicia antes de la polémica, pero el audio no ha sido confirmado oficialmente por autoridades.

Una democracia bajo sospecha

Bolivia enfrenta tensiones políticas recurrentes desde 2019, con denuncias cruzadas entre el oficialismo y opositores. El MAS, en el gobierno, mantiene fricciones internas entre seguidores de Arce y Morales. La independencia judicial ha sido cuestionada históricamente por organismos internacionales.

¿Hacia una crisis institucional?

La denuncia de Morales profundiza la polarización y podría generar reacciones del TSJ y la Fiscalía. La falta de pronunciamiento oficial incrementa la incertidumbre, mientras el gobierno enfrenta simultáneamente alertas económicas de la ONU.

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