Trump nombra a su abogado defensor como juez federal y divide a los conservadores
La nominación de Emil Bove al Tribunal de Apelaciones desata críticas por su lealtad a Trump sobre el Estado de derecho. El movimiento legal conservador debate su idoneidad, mientras aliados del presidente defienden su agenda. El Senado decidirá si avala un perfil polémico con antecedentes en casos politizados.
«Un juez leal antes que imparcial»
Donald Trump nominó a Emil Bove, su exabogado penal y actual fiscal en el Departamento de Justicia, para el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito. Miembros destacados del Federalist Society cuestionan su independencia, tras su manejo del caso contra el alcalde de Nueva York Eric Adams, cerrado sin pruebas sólidas según el juez. «Priorizó intereses políticos sobre la ley», critica Gregg Nunziata, experto en nombramientos judiciales.
Repercusión en la justicia federal
Bove dirigió el grupo de «weaponization» del DOJ, investigando a fiscales del caso del 6 de enero. Trump lo elogió en redes: «Pondrá fin a la criminalización de la justicia». Sus críticos temen que, de confirmarse, siente un precedente para «llenar los tribunales de leales» y hasta aspirar a la Corte Suprema.
El Federalist Society en la mira
Trump atacó públicamente a Leonard Leo, exlíder del grupo conservador, acusándolo de dar «malos consejos en nominaciones judiciales». La nominación de Bove profundiza la grieta: mientras aliados como el Article III Project lo defienden por su «eficacia», juristas tradicionales advierten que debilitaría el equilibrio de poderes.
El papel del Senado
El republicano Mike Lee respaldó a Bove, pero la mayoría evita pronunciarse hasta las audiencias. La confirmación dependerá de si los senadores priorizan la lealtad a Trump o los estándares judiciales. Analistas señalan que un rechazo sería inusual, dada la disciplina partidista en el segundo mandato.
Raíces de una batalla ideológica
El conflicto refleja tensiones acumuladas: teorías legales promovidas por conservadores (como inmunidad presidencial o poder ejecutivo unitario) ahora son usadas por Trump para expandir su autoridad. Críticos señalan que el Federalist Society ignoró riesgos de concentrar poder en la presidencia.
Un futuro judicial en juego
La decisión sobre Bove marcará el rumbo de los tribunales en el segundo mandato de Trump. Podría acelerar retiros de jueces conservadores tradicionales, reacios a ceder sus puestos a leales. El resultado definirá si prevalece la independencia judicial o la alineación partidista en casos clave, desde inmigración hasta poderes de emergencia.
