Florida se prepara para la temporada de huracanes ante reformas en FEMA
El estado enfrenta incertidumbre por posibles recortes en fondos federales para desastres. Autoridades locales priorizan la autosuficiencia mientras el gobierno federal debate reducir su apoyo financiero. La temporada, que comenzó el 1 de junio, alcanzará su punto álgido en los próximos meses.
«Preparados, con o sin FEMA»
Los gestores de emergencias de Florida ignoran el «ruido» político y se centran en proteger a sus comunidades. Jonathan Lord, de la Asociación de Preparación para Emergencias, afirma que «adaptarán sus programas a la nueva realidad federal». El estado cuenta con una red de respuesta a desastres modelo, perfeccionada tras huracanes como Andrew (1992) o Ian (2022).
El dilema de los fondos
Históricamente, FEMA ha cubierto hasta el 100% de los costes en catástrofes graves, como en el condado de Lee tras el huracán Ian. Sin embargo, un memorándum interno de abril sugiere que el límite futuro será del 75%. Kevin Guthrie, director de Gestión de Emergencias estatal, advirtió: «Esos días [de cobertura total] probablemente han terminado».
Impacto en condados rurales
Las áreas con menos recursos, como Calhoun County tras el huracán Michael (2018), dependen críticamente de la ayuda federal. Florida creó en 2022 un fondo estatal de 1.000 millones para adelantar gastos mientras negocia con FEMA. Guthrie defendió su uso para desastres naturales, aunque 9 millones se destinaron a control migratorio.
Un historial de vientos y cambios
Florida es el estado más experimentado en gestión de huracanes, pero también el que más ha recurrido a FEMA: decenas de miles de millones en las últimas décadas. Las reformas impulsadas por el expresidente Trump generan inquietud, aunque el actual gobierno ha pospuesto cambios hasta después de la temporada.
Navegando aguas inciertas
La incógnita sobre el futuro de FEMA obliga a Florida a equilibrar preparación local y posible dependencia federal. Legisladores estatales evalúan reforzar fondos de reserva, mientras condados rurales temen quedar desprotegidos. La eficacia de esta estrategia se pondrá a prueba en los próximos meses.