Escudos humanos impiden aprehensión de Evo Morales

Seguidores del expresidente boliviano forman una barrera de protección en Cochabamba mientras el Gobierno evalúa riesgos para ejecutar la orden de aprehensión.
Opinión Bolivia

Escudos humanos impiden aprehensión de Evo Morales en el Trópico

El Gobierno afirma que la orden judicial sigue vigente pero no se ejecuta por alto riesgo. Seguidores del expresidente forman una barrera de protección en Cochabamba. El ministro Ríos advierte de posibles daños colaterales.

«Respetamos la vida, no actuamos por riesgo inminente»

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, confirmó que la Policía no ha intervenido en el Trópico de Cochabamba debido a la presencia masiva de simpatizantes protegiendo a Morales. «Ingresar representa peligro para efectivos y civiles«, declaró a medios estatales. Aseguró que la orden de aprehensión sigue activa y se ejecutará cuando el riesgo disminuya.

Autoaislamiento y críticas a la oposición

Ríos atribuyó el bloqueo del Trópico a una decisión personal de Morales, quien permanece incomunicado. También cuestionó a Andrónico Rodríguez, líder evista, por «negarse a firmar el acta de pacificación» en reuniones multipartidistas. Pese a ello, reiteró que el Gobierno de Arce busca diálogo: «No somos excluyentes; queremos bienestar para Bolivia«.

Entre el respaldo y el desgaste

El ministro reconoció que aún existen sectores leales a Morales, pero insistió en que «la mayoría rechaza acciones como bloqueos». La tensión persiste mientras la Policía mantiene planes operativos para cumplir la orden judicial cuando las condiciones lo permitan.

Un país dividido, una orden pendiente

La crisis política se agudizó tras la emisión de la orden de aprehensión contra Morales, acusado de delitos no especificados en el texto. Sus seguidores respondieron con movilizaciones y resistencia civil en el Trópico, zona histórica de apoyo al exmandatario.

La pacificación, en standby

El cumplimiento de la orden judicial dependerá de que se reduzca la tensión en el Trópico. Mientras, el Gobierno insiste en su disposición al diálogo, aunque sin ceder en la vigencia de la medida judicial contra el expresidente.