Economistas proponen cinco medidas para salir de la lista gris del GAFI
El Colegio de Economistas de Santa Cruz urge acciones inmediatas. Bolivia fue incluida en la lista gris del GAFI por deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero. El Gobierno atribuye el problema a la falta de una ley, mientras los expertos piden coordinación estatal.
«La solución exige voluntad política»
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó a Bolivia en su lista gris por fallas en la legislación contra el blanqueo de capitales. El Colegio de Economistas de Santa Cruz advierte que esto afectará la confianza de inversionistas, restringirá el acceso a créditos y encarecerá el financiamiento externo. El Gobierno asegura haber cumplido «más del 90% de las recomendaciones», pero los economistas critican que «culpar solo al Legislativo es una estrategia reductiva».
Impacto en la economía
La inclusión en la lista gris ocurre en un contexto de reservas internacionales debilitadas y fragilidad macroeconómica. Los economistas destacan que la falta de avances desde 2021, cuando se suspendió la Ley 1386, refleja «falta de visión estratégica» y perjudica la seguridad jurídica.
Cinco pasos para recuperar credibilidad
Las propuestas del Colegio incluyen: 1. Aprobar leyes clave (Técnicas Especiales de Investigación, Extinción de Dominio y Beneficiarios Finales). 2. Crear un plan interinstitucional con plazos claros. 3. Implementar supervisión efectiva y sanciones. 4. Compromiso público de todos los actores estatales. 5. Informes periódicos al GAFI con avances documentados.
Un problema que viene de lejos
Bolivia arrastra deficiencias legales desde 2021, cuando se paralizó la Ley 1386 contra el lavado de dinero. El GAFI identificó vacíos en la normativa actual, especialmente en investigaciones financieras y transparencia.
El reloj corre para Bolivia
La eficacia de las medidas dependerá de su implementación rápida y coordinada. El país tiene dos años para adecuarse antes de posibles sanciones, según el Gobierno, pero los economistas insisten en que la inacción ya tiene costos económicos.
