Economistas proponen cinco medidas urgentes tras inclusión de Bolivia en lista gris del GAFI
El Colegio de Economistas de Santa Cruz advierte impactos en inversiones y financiamiento externo. La medida del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) responde a deficiencias en la legislación contra el lavado de dinero. El Gobierno atribuye la sanción a un «sabotaje legislativo» en 2021.
«La solución exige voluntad política, no culpas»
El Colegio de Economistas de Santa Cruz plantea cinco acciones urgentes para que Bolivia salga de la lista gris del GAFI, que incluye países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales. «La inclusión afectará la confianza de inversionistas y encarecerá el financiamiento externo», alertan. El Gobierno defiende que cumplió «más del 90% de las recomendaciones», pero los economistas critican que la falta de una ley de técnicas especiales de investigación sigue siendo una falla estructural.
Impacto en la economía boliviana
La lista gris del GAFI generará más restricciones bancarias y menor acceso a créditos internacionales, en un contexto de reservas internacionales debilitadas. Los economistas destacan que esto «afecta la percepción de seguridad jurídica y la atracción de inversiones».
Las cinco propuestas clave
1. Aprobar leyes pendientes (Técnicas Especiales, Extinción de Dominio y Beneficiarios Finales). 2. Crear un plan interinstitucional con metas claras. 3. Implementar supervisión efectiva con sanciones. 4. Compromiso público de todos los actores estatales. 5. Informes periódicos al GAFI con avances documentados.
Un problema arrastrado desde 2021
El Gobierno atribuye la sanción a la suspensión de la Ley 1386 en 2021, clave contra el lavado de dinero. Sin embargo, los economistas rechazan culpar solo al Legislativo y señalan que la inacción refleja «falta de visión estratégica», agravando las vulnerabilidades legales.
Un camino cuesta arriba
La eficacia de las medidas dependerá de la coordinación entre poderes del Estado y la implementación de reformas legales. El GAFI monitoreará los avances, mientras Bolivia enfrenta mayores costos financieros y riesgos para su economía.