Okinawa Uno enfrenta colapso sanitario por paralización judicial de planta de residuos
10 toneladas semanales de basura se acumulan sin tratamiento desde febrero de 2025. Un conflicto legal con comunidades campesinas impide operar la infraestructura, poniendo en riesgo a 7.000 habitantes. La audiencia clave será este 16 de junio.
«Un vertedero al límite y una población en peligro»
El juez agroambiental Osmar Fernández Velasco ordenó paralizar la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de Okinawa Uno (provincia de Warnes) tras una demanda por contaminación presentada por la comunidad Nueva Esperanza. «El sistema de recolección es precario y la basura se apila sin control», advierte Román Vitrón, responsable municipal.
Impacto inmediato
Los dos camiones disponibles solo recolectan 5 toneladas diarias (sin clasificación), mientras la laguna de oxidación de la planta inactiva ya muestra hundimientos. El alcalde Rubén Darío Mercado Suárez enfrenta pérdidas económicas por el deterioro de la infraestructura, valorada en Bs 3.060 millones.
Raíz del conflicto: coordenadas, agua y patos sin licencia
La comunidad acusa contaminación en reservorios y errores en la licencia ambiental de 2017. Aunque el municipio corrigió las coordenadas, un informe de la Gobernación detectó una granja de patos ilegal a 314 metros de la planta, mientras que la demanda alega asentamientos a 84 metros.
Fallo pendiente
La abogada municipal Ana Beatriz Mercado Campo señala que la audiencia del 16 de junio evaluará la representatividad legal del demandante, Freddy Orellana Quevedo. Mientras, los bloqueos comunitarios impiden reactivar la planta, cuya inauguración ya postergó la pandemia.
Un problema nacional con fecha de caducidad
La Resolución Ministerial 269 exige cerrar todos los botaderos del país antes de mayo de 2026. Okinawa Uno incumple el plazo desde 2020, cuando debió migrar al nuevo sistema. Hoy mezcla residuos hospitalarios con comunes, incumpliendo la Ley 755.
Inversión millonaria, crisis evitable
El proyecto, financiado por el FPS, incluía educación ambiental y reciclaje, pero 5 años después solo se usan sus instalaciones para limpieza. El municipio, declarado en emergencia en marzo por lluvias, sigue atrapado entre disputas legales y riesgos sanitarios.
¿Solución a la vista?
El desenlace dependerá de la audiencia judicial y la capacidad de diálogo entre actores. Mientras, 7.000 cruceños conviven con vertidos ilegales y un sistema colapsado.
