Bolivia evalúa declarar estado de excepción por violencia en Llallagua

La CIDH establece límites a la suspensión de derechos en emergencias. Autoridades piden la medida tras una escalada de violencia con muertos y heridos. El gobierno debe garantizar el respeto a los derechos humanos según el Pacto de San José.

«Violencia extrema que exige medidas excepcionales»

Bolivia enfrenta una alteración grave del orden interno con episodios violentos en Llallagua que han dejado víctimas mortales y heridos. Legisladores, gobernadores y organizaciones sociales reclaman al gobierno declarar un estado de excepción restringido en la zona. La Constitución solo lo permite en casos de «grave peligro», pero debe ajustarse a los tratados internacionales.

Los cuatro requisitos de la CIDH

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cualquier suspensión de garantías debe: 1) Ser necesaria y proporcional, 2) Temporal, 3) Justificada por la emergencia y 4) Compatible con otras obligaciones internacionales. Además, nunca pueden suspenderse derechos como la vida, la prohibición de tortura o las garantías judiciales esenciales.

Control internacional y notificación obligatoria

La CIDH puede revisar las medidas adoptadas y el Estado boliviano sigue siendo responsable ante violaciones. Cualquier restricción debe notificarse a la OEA y asegurar que el uso de la fuerza sea «objetivamente necesario».

Entre la seguridad y los derechos

Bolivia suscribió el Pacto de San José, que prima sobre la legislación nacional. El texto recuerda que el estado de excepción no debe usarse para vulnerar derechos fundamentales, pero tampoco como excusa para no garantizar el orden público.

Un equilibrio en tiempos críticos

Las autoridades deben decidir con prudencia y firmeza democrática, priorizando la seguridad sin sacrificar las libertades. La ciudadanía, por su parte, tiene derecho a exigir protección frente a amenazas contra su vida o integridad.