Juez de Coroico es aprehendido por suspender ilegalmente a magistrada

El juez Fernando Lea Plaza fue detenido por suspender ilegalmente a la magistrada Fanny Coaquira sin derecho a defensa, en un acto calificado como prevaricato.
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Juez de Coroico es aprehendido por suspender ilegalmente a magistrada del TSJ

El juez Fernando Lea Plaza actuó «extra petita» al suspender a Fanny Coaquira sin derecho a defensa. El Consejo de la Magistratura y el TSJ denuncian que la resolución atenta contra el orden legal y la estabilidad judicial. El caso involucra a otras autoridades del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

«Una resolución que usurpa funciones del Estado»

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, calificó el fallo como «prevaricador» y destacó que «usurpa funciones de otros órganos del Estado». La Unidad Anticorrupción y el Ministerio Público actuaron de inmediato, deteniendo al juez en flagrancia. La magistrada Coaquira fue elegida por mayoría popular en La Paz en diciembre pasado.

Denuncia del TSE y apoyo institucional

El vocal del TSE, Francisco Vargas, denunció en redes sociales que el juez no otorgó derecho a defensa al Órgano Electoral. El Consejo de la Magistratura, presidido por Manuel Baptista, se sumó a la denuncia penal por prevaricato. «Esta determinación rompe el orden legal», afirmó Baptista.

Ampliación de las investigaciones

Saucedo adelantó que hay elementos que involucran a más autoridades del Tribunal Departamental de Justicia. «No toleraremos hechos ilegales y pediremos que se investigue a todos los involucrados», aseguró. La Unidad de Transparencia del TSJ ya se desplazó a La Paz para seguir el caso.

Un precedente peligroso para la democracia judicial

El conflicto surge meses después de las elecciones judiciales de diciembre, donde Coaquira obtuvo su cargo por voto popular. Es la primera vez que se detiene a un juez por anular irregularmente la credencial de una autoridad electa.

Justicia bajo escrutinio

El caso expone tensiones internas en el sistema judicial boliviano y podría derivar en más procesamientos. La rapidez de la acción institucional busca evitar un precedente que debilite la legitimidad de los magistrados electos.