Fiscalía ordena captura de Evo Morales por trata de personas
La orden de aprehensión fue emitida en octubre de 2024 tras vincular al exmandatario con un caso de explotación de una menor. Sus seguidores protestan pidiendo su habilitación electoral, mientras la oposición denuncia inacción policial.
«La Policía no ha cumplido en seis meses»
La diputada opositora Luciana Campero (CC) anunció una denuncia penal contra los ministros de Gobierno Eduardo Del Castillo (ex) y Roberto Ríos (actual) por no ejecutar la orden. «Tienen la responsabilidad de cumplir con la aprehensión de Morales», declaró. La Fiscalía de Tarija exigió la captura tras su incomparecencia.
El caso que pesa sobre el líder cocalero
La investigación surgió al descubrirse vínculos entre Morales y una adolescente que dio a luz durante su gobierno. El juez tarijeño ratificó la medida en 2024, pero las fuerzas de seguridad no actuaron. Campero insiste en que «existe un requerimiento fiscal vigente».
Protestas y tensión política
Los simpatizantes del MAS se movilizan en paralelo exigiendo la habilitación electoral de Morales, mientras el Gobierno enfrenta críticas por la violencia en desbloqueos. La muerte de dos policías en Llallagua (Potosí) intensificó el conflicto, con acusaciones cruzadas entre oficialistas y opositores.
Un pasado que resuena
Morales, líder histórico del movimiento cocalero y expresidente (2006-2019), acumula procesos judiciales desde su salida del poder. Este caso se suma a investigaciones previas por presunta corrupción y uso de influencias, en un contexto de polarización política.
Justicia pendiente y clima agitado
La ejecución (o no) de la orden judicial marcará el rumbo de la crisis. Mientras, las protestas sociales y la presión sobre el Gobierno de Arce crecen, con focos de violencia en regiones como Cochabamba y Potosí.
