Investigación del Departamento de Trabajo de EE.UU. a Scale AI
El Departamento de Trabajo de Estados Unidos está llevando a cabo una investigación sobre la startup de etiquetado de datos, Scale AI. Esta investigación busca garantizar que la empresa cumple con la Ley de Normas Justas de Trabajo, una ley federal que regula los salarios, la clasificación de los empleados y las represalias ilegales contra los trabajadores. La investigación comenzó en agosto de 2024 y sigue en curso.
Scale AI, valorada en 13.800 millones de dólares, se basa en una gran cantidad de trabajadores que clasifica como contratistas para realizar tareas esenciales de inteligencia artificial. Esto ha provocado que algunos ex-trabajadores demanden a la compañía por supuestas prácticas laborales injustas.
Demandas contra Scale AI por prácticas laborales
Scale AI enfrenta dos demandas presentadas a finales de 2024 y comienzos de 2025 por ex-trabajadores. Estos alegan haber sido subpagados y clasificados incorrectamente como contratistas en lugar de empleados, lo que les habría negado derechos como el pago de horas extras y días de enfermedad. Scale AI niega estos señalamientos, asegurando cumplir completamente con las leyes laborales y que sus tarifas de pago cumplen o superan los estándares de salario digno local.
Impacto de la Investigación y Potencial Resolución
El Departamento de Trabajo estadounidense tiene la capacidad de resolver la mayoría de los casos de manera administrativa. Sin embargo, en caso de violación de la ley, las empresas podrían enfrentarse a multas e incluso a posibles penas de prisión. Además, el Departamento podría exigir a Scale AI que reclasifique a sus contratistas como empleados, como ya sucedió en un caso similar con la startup Qwick.
Implicaciones Políticas y Conexiones de Scale AI
Scale AI parece tener una relación cercana con la administración presidencial actual. El fundador de la empresa, Alexandr Wang, estuvo presente en la inauguración de Donald Trump. Además, Michael Kratsios, exdirector gerente de Scale AI y nominado por Trump para dirigir la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, ha ocupado posiciones relevantes anteriormente, aunque esta posición no tiene jurisdicción directa sobre el Departamento de Trabajo.
