Corte Suprema argentina confirma condena a Cristina Kirchner

La Corte Suprema de Argentina ratificó la condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a Cristina Kirchner por corrupción en el caso Vialidad.
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Corte Suprema argentina confirma condena a Cristina Kirchner por corrupción

La expresidenta recibirá 6 años de prisión e inhabilitación perpetua. El fallo ratifica su culpabilidad en el caso «Vialidad» por adjudicación fraudulenta de obras públicas durante su mandato (2007-2015). La exmandataria denuncia persecución política.

«Una condena que divide a Argentina»

La Corte Suprema desestimó este 10 de junio las apelaciones de la defensa y la fiscalía, confirmando la sentencia de 2022 por «administración fraudulenta». Kirchner, actual líder de la oposición peronista, insiste en que es víctima de «lawfare» (guerra judicial) para eliminarla de la vida política.

Los cargos y la sentencia

El caso «Vialidad» investigó sobreprecios en obras por 1.000 millones de dólares en Santa Cruz, su provincia natal. Aunque el tribunal descartó la «asociación ilícita», consideró probado que perjudicó al Estado con contratos irregulares. La fiscalía había pedido 12 años de cárcel.

La defensa: «Juicio al peronismo»

Kirchner argumenta que las obras fueron aprobadas por el Congreso y gestionadas por Santa Cruz, no por su gobierno. «Este juicio es contra los que peleamos por salarios y jubilaciones«, declaró en 2022. Acusa a jueces de parcialidad por vínculos con el expresidente Mauricio Macri.

Un legado judicial pendiente

La expresidenta enfrenta otras tres causas, incluido el caso «Memorándum» por el presunto encubrimiento de iraníes acusados del atentado a la AMIA (1994). Dos procesos por corrupción comenzarán este año.

Argentina entre grietas y tribunales

Kirchner es la primera presidenta electa condenada en el país. El fallo profundiza la polarización entre su base peronista y el gobierno de Javier Milei, quien impulsa reformas liberales.

Justicia que no cierra heridas

La sentencia cierra una etapa judicial pero abre debates sobre independencia del poder judicial y tensión política. Su impacto en las elecciones legislativas de 2025 será clave.