Sectores afines a Evo Morales amenazan con tomar unidades militares y bloquear carreteras
Dirigentes evistas exigen la renuncia del presidente Arce. Campesinos de 16 provincias de La Paz anunciaron movilizaciones tras acusar al Gobierno de planificar un ataque contra Morales. Los hechos ocurren en medio de conflictos en Cochabamba y violencia en Llallagua.
«Tomaremos unidades militares y policiales»: la advertencia evista
Dirigentes afines a Evo Morales, autoproclamados representantes de 16 provincias de La Paz, declararon «emergencia» y amenazaron con ocupar instalaciones castrenses y cortar vías. «No es una amenaza, es un hecho», afirmó uno de los líderes en un video difundido por la radio cocalera RKC. Exigen la renuncia inmediata de Luis Arce, a quien acusan de «traidor» y de ordenar a las Fuerzas Armadas «liquidar» a Morales.
Movilizaciones y focos de conflicto
Las protestas se concentrarán en La Paz, especialmente en la plaza Murillo, y reforzarán los bloqueos en Cochabamba, donde simpatizantes de Morales mantienen cortes de ruta. El anuncio se produce tras saqueos y destrucción en Llallagua, donde el Gobierno denunció que manifestantes impiden el ingreso de personal médico para auxiliar heridos.
Un conflicto que no cesa
La tensión escaló desde que Morales se atrincheró en el trópico de Cochabamba. Los evistas paceños justifican sus acciones alegando que «el comandante Evo está en peligro». Mientras, en Llallagua, familias organizan vigilias y barricadas por temor a nuevos ataques, y la Iglesia Católica advirtió que «el conflicto social persiste y tiende a agravarse».
Entre bloqueos y miedo
El conflicto evista-Gobierno arrastra meses de tensiones, con protestas recurrentes que paralizan regiones clave. La violencia en Llallagua y las amenazas de ocupar instalaciones estatales reflejan la polarización en el oficialismo, dividido entre leales a Morales y al presidente Arce.
Un país en tensión máxima
Las amenazas de tomar cuarteles y profundizar bloqueos elevan el riesgo de confrontación directa. Mientras, civiles en zonas conflictivas enfrentan desabastecimiento y recortes de servicios básicos, según denuncias de Derechos Humanos.