California demanda a Trump por despliegue militar sin autorización

El estado de California demanda a Trump por desplegar la Guardia Nacional sin coordinación con el gobernador, alegando violación de soberanía estatal.
POLITICO

California demanda a Trump por desplegar la Guardia Nacional sin autorización

El estado alega violación de soberanía y falta de coordinación con el gobernador. La demanda judicial busca anular el envío de tropas a Los Ángeles durante protestas migratorias. Ocurrió el 8 de junio de 2025 tras una redada federal.

«Un acto ilegal por definición»

El gobernador Gavin Newsom denunció que Trump no coordinó el despliegue con su administración, requisito según la ley federal. «No hubo comunicación con nuestra oficina, punto final», afirmó el demócrata. El fiscal general Rob Bonta presentará la demanda, alegando violación de la 10ª Enmienda y estatutos que protegen la soberanía estatal.

La base legal del conflicto

Trump invocó una ley que permite desplegar la Guardia Nacional para suprimir «rebeliones» o ejecutar leyes federales. Bonta sostiene que la norma exige el consentimiento del gobernador, mientras el texto legal menciona solo que la orden debe emitirse «a través» de los estados. Newsom insiste en que, como mínimo, debió haber comunicación previa.

El detonante: protestas y retórica inflamatoria

El presidente describió las manifestaciones en Los Ángeles como obra de «insurrectos» y prometió «liberar» la ciudad. Bonta y Newsom aseguran que las calles estaban calmadas hasta que el despliegue y los comentarios de Trump reavivaron la tensión. Las tropas se desplegaron tras una redada migratoria el 7 de junio.

California vs. Washington: un pulso histórico

El estado ha chocado repetidamente con Trump por políticas migratorias y ambientales. Esta es la primera vez que recurre a los tribunales por un despliegue militar no consensuado, reviviendo debates sobre los límites del poder federal.

Un fallo que marcará precedente

La resolución judicial podría definir hasta qué punto un presidente puede movilizar fuerzas estatales sin acuerdo local. El caso pone a prueba la interpretación de leyes clave sobre seguridad y autonomía de los estados.