Evo Morales enfrenta denuncias por obstruir elecciones

El exmandatario boliviano es acusado de promover violencia y bloquear procesos electorales, según la Ley Electoral y el Código Penal.
Agencia de Noticias Fides - Bolivia
Dibujo de un televisor antiguo con el texto 'IMAGEN NO DISPONIBLE'.
Imagen no disponible, disculpe las molestias.

Evo Morales enfrenta denuncias por obstruir elecciones y promover violencia

El exmandatario busca imponer su candidatura ilegal y cercar La Paz. Acusado de incitar bloqueos y actos violentos, según el Código Penal y la Ley Electoral. Sus acciones podrían retrasar los comicios del 17 de agosto.

«Delitos que apuntan a subvertir el orden constitucional»

El artículo 238.h de la Ley Electoral sanciona con 2 a 5 años de prisión a quien obstruya procesos electorales. Además, el artículo 133 del Código Penal castiga con 15 a 20 años acciones que busquen «deponer al gobierno constitucional». Morales es señalado por promover bloqueos y ataques a infraestructura pública.

Vínculos con grupos violentos

Durante las protestas de 2019, cocaleros y mineros aliados a Morales quemaron edificios y bloquearon el transporte de oxígeno durante la pandemia. Se vinculó al MAS con el terrorista peruano Óscar Serna Ponce, condenado por secuestro, y al guerrillero de las FARC Facundo Molares Schoenfeld, herido en enfrentamientos en Montero.

Un historial de confrontación

Morales lleva 30 años incitando violencia y bloqueos, según el texto. En 2019 advirtió: «yo les voy a enseñar a bloquear». Su estrategia actual incluye exigir la renuncia de Luis Arce y paralizar ciudades, repitiendo tácticas usadas en Cochabamba, El Alto y La Paz.

La sombra de la impunidad

Las acusaciones contra Morales incluyen casos como Terrorismo, Chaparina y agresiones sexuales. El texto afirma que busca retrasar las elecciones para evadir responsabilidades. Sus seguidores actuarían como «una organización criminal», según el autor.

Legado en entredicho

El jurista William Herrera Áñez concluye que Morales provocó la caída de su gobierno y la crisis del MAS por saltarse la Constitución. Sus acciones actuales, alejadas de «principios democráticos», podrían ser juzgadas por violaciones a derechos humanos y corrupción.