Bloqueos en cinco departamentos de Bolivia en cuarto día de protestas

Más de 20 cortes de ruta afectan a Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Potosí y Oruro. El Gobierno acusa al expresidente Evo Morales de liderar los bloqueos, mientras él denuncia «montajes» para desprestigiarlo. La crisis económica y las tensiones electorales agudizan el conflicto.

«La batalla final»: choque de versiones en plena crisis

Según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Cochabamba concentra 14 de los 27 bloqueos, seguido por Santa Cruz y La Paz con tres cada uno. Los manifestantes, afines a Morales, exigen la renuncia del presidente Luis Arce, alegando «desabastecimiento de combustibles y crisis económica». El Gobierno responsabiliza al expresidente, asegurando que su verdadero objetivo es forzar su candidatura pese a inhabilitación legal.

Acusaciones cruzadas y acciones judiciales

Arce tildó a Morales de «instructor de los bloqueos» y anunció una denuncia penal por terrorismo y obstaculización electoral. Morales rechazó las acusaciones: «El Gobierno crea falsos testigos para confundir al pueblo». El conflicto escaló con un audio atribuido a Morales donde se escucha: «Es la batalla final… la situación económica va a empeorar». El TSJ y el TCP denunciaron amenazas y ataques a sus sedes.

Advertencias y tensión electoral

Dirigentes afines a Morales advirtieron que «no habrá elecciones en agosto si él no es candidato». El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) reiteró que Morales no puede postularse por sentencias previas. Mientras, el TSJ calificó a los manifestantes como «aprendices de dictadores» tras un video con amenazas a instituciones.

De la calle a los tribunales

La crisis actual se enmarca en una polarización histórica entre el oficialismo y el movimiento de Morales, agravada por la recesión económica y la disputa por las elecciones de agosto. En 2020, tensiones similares llevaron a la renuncia de Jeanine Áñez tras protestas masivas.

Un país dividido entre la protesta y la ley

El desenlace dependerá de la capacidad del Gobierno para despejar vías y aplicar acciones legales, mientras los manifestantes mantienen la presión. La sombra de la crisis económica y la incertidumbre electoral profundizan la fractura política.