Gobierno denuncia penalmente a Evo Morales por terrorismo y obstrucción electoral
El Ejecutivo formalizará la acusación ante la Fiscalía en las próximas horas. La medida responde a movilizaciones y bloqueos promovidos por sectores afines al exmandatario, que buscan su habilitación como candidato para agosto. El SEPDAVI incluirá también a otros implicados en las protestas.
«Una candidatura forzada es inconstitucional»
El ministro de Justicia, César Siles, detalló que la denuncia abarca terrorismo, instigación pública a delinquir y obstaculización de procesos electorales, entre otros delitos. «Morales pretende habilitar una candidatura prohibida por el artículo 168 de la Constitución», afirmó. La acción legal se basa en audios donde el exmandatario instruiría bloqueos en ciudades clave.
Impacto en la estabilidad nacional
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, acusó a Morales de «matar la economía» con los bloqueos y de buscar «hambre y muerte por su candidatura». Las protestas, en su tercera jornada, han generado pérdidas millonarias e interrupciones en servicios públicos. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, calificó las acciones como «ambición enfermiza de poder».
Elecciones en la cuerda floja
El Gobierno garantizó la realización de los comicios del 17 de agosto, pese a lo que denominó «intentos de golpe de Estado» para anularlos. Siles reiteró que las movilizaciones responden a un objetivo claro: forzar la renuncia del presidente Luis Arce y la inscripción «inconstitucional» de Morales.
De la calle a los tribunales
La crisis escaló tras las protestas de sectores sociales aliados a Morales, que exigen su candidatura. En 2020, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inhabilitó su postulación por incumplir el límite de mandatos. Las actuales movilizaciones replican tácticas usadas en 2019, pero ahora con acusaciones penales directas contra el expresidente.
Un agosto definitorio
El desenlace judicial y político dependerá de la Fiscalía y del TSE, mientras el país enfrenta paralizaciones. La denuncia marca un punto de no retorno en el conflicto entre el oficialismo y el sector «evista», con la estabilidad institucional y económica en juego.