Gobierno boliviano denuncia a Evo Morales por siete delitos tras audios
Los ministros presentarán la acusación formal este jueves. Los audios revelan instrucciones para cercar La Paz y desestabilizar el país. La orden de aprehensión contra Morales sigue vigente, pero no se ejecutará hasta garantizar seguridad.
«Los delitos están grabados»: la acusación en detalle
El ministro de Justicia, Cesar Siles, enumeró los cargos: terrorismo, instigación a delinquir, obstaculización electoral y atentados contra libertades. «Los hechos descritos son públicos y verificables», afirmó. La denuncia incluye a los interlocutores de Morales en los audios, donde se ordena «el cerco a La Paz» y acciones contra allegados al presidente Luis Arce.
Los audios que complican a Morales
El dirigente Rudy Capquiqe difundió una grabación donde el expresidente instruye a sus seguidores. La ministra María Nela Prada advirtió que existen más audios y que Morales «sabe que son auténticos». Según el Gobierno, los registros prueban un plan para «sembrar zozobra» antes de las elecciones de agosto.
La orden de aprehensión pendiente
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, explicó que no se ejecutará la captura hasta reducir riesgos. Morales se resguarda en Lauca Ñ (Cochabamba), zona que el oficialismo describe como «un fortín armado». «No pondremos en peligro vidas», justificó Ríos, aludiendo a posibles enfrentamientos.
Elecciones en la cuerda floja
Prada ratificó que los comicios del 17 de agosto se mantienen, pese a los bloqueos y la crisis económica. El Gobierno pidió levantar las protestas que impiden el transporte de combustible, pero omitieron abordar el alza de precios, uno de los motivos del malestar social.
De líder histórico a acusado
Morales, expresidente entre 2006-2019, enfrenta desde 2020 múltiples procesos judiciales. Los audios reavivaron la polarización en Bolivia, donde su figura sigue movilizando a sectores sociales. La denuncia llega en un contexto de tensión preelectoral y crisis económica no resuelta.
Un juicio que define el futuro político
El caso judicializará la confrontación entre el oficialismo y el evismo. Su desarrollo impactará en las elecciones y en la estabilidad del país, ya afectada por protestas y desabastecimiento. La fiscalía deberá probar los cargos, mientras Morales mantiene influencia en parte de la población.