Gobierno de Trump demanda a Texas por matrículas reducidas para indocumentados
El DOJ busca anular una ley de 2001 que beneficia a estudiantes sin estatus legal. La demanda alega discriminación contra ciudadanos estadounidenses. Texas fue pionero en esta política, seguido por más de 20 estados.
«Un conflicto directo con la ley federal»
El Departamento de Justicia (DOJ) presentó la demanda el 4 de junio en un tribunal de Texas, argumentando que la ley estatal «niega tasas residenciales a ciudadanos estadounidenses no residentes» mientras las otorga a indocumentados. La fiscal general Pam Bondi afirmó que el DOJ «luchará sin descanso» para hacer cumplir la ley federal.
El origen: la ley de Rick Perry
En 2001, el entonces gobernador republicano Rick Perry firmó el Texas Dream Act, permitiendo a ciertos estudiantes indocumentados pagar matrículas como residentes. Más de 20 estados adoptaron medidas similares, según el Higher Ed Immigration Portal. La norma ha resistido varios intentos de derogación.
Reacciones y contexto nacional
Florida derogó este año una política similar. La administración Trump también impulsa revocar visas de estudiantes chinos vinculados al Partido Comunista o en áreas críticas, según el secretario de Estado Marco Rubio. Además, busca limitar la admisión de extranjeros en Harvard, donde representan el 27% del alumnado.
Texas, un caso emblemático
La demanda refleja la agenda «America First» de Trump en educación e inmigración. La oficina del gobernador Greg Abbott no comentó sobre el caso. El DOJ insiste en que «los ciudadanos no deben ser tratados como segunda clase».
Un legado que podría cambiar
Si prospera la demanda, Texas dejaría de ser el primer estado en ofrecer este beneficio, vigente desde hace 24 años. La medida afectaría a miles de estudiantes indocumentados y marcaría un precedente para otras legislaciones estatales.
¿Hacia una política más restrictiva?
El caso podría redefinir el acceso a educación superior para inmigrantes. Mientras el DOJ enfatiza el cumplimiento federal, los defensores de los Dreamers alertan sobre el impacto social. La resolución judicial determinará el futuro de esta política.
