Orden de aprehensión contra Evo Morales sigue vigente

El gobierno confirma que la orden de aprehensión contra Evo Morales no se ejecuta por su resguardo en el trópico cochabambino. La Fiscalía lo acusa de trata de personas.
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Orden de aprehensión contra Evo Morales sigue vigente pero sin ejecutar

El Gobierno confirma que la orden no se cumple por el resguardo del expresidente en el trópico. La Fiscalía de Tarija lo acusa de trata por una supuesta relación con una menor. Morales lleva ocho meses sin presentarse a la Justicia.

«No podemos poner en riesgo vidas»: la justificación oficial

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, afirmó este 4 de junio que la orden de aprehensión contra Evo Morales «sigue vigente», pero su ejecución se complica porque el expresidente «está resguardado por centenares de seguidores en el trópico cochabambino». Ríos insistió en que «en un Estado democrático no podemos poner en riesgo la vida de las personas».

La resistencia armada de los simpatizantes

Un reportaje reciente del medio brasileño Récord muestra a Morales rodeado de civiles con lanzas y escudos, dispuestos a defenderlo. El exmandatario mantiene una «detención voluntaria» en la zona desde octubre de 2024, sin moverse a otras regiones.

Un caso judicial con idas y vueltas

La orden se originó en Tarija en 2024, cuando la Fiscalía acusó a Morales de trata de personas por una supuesta relación con una menor durante su mandato. En enero de 2025, un juez lo declaró «rebelde» y ordenó su captura. Sin embargo, una jueza de Santa Cruz anuló la medida en abril, aunque luego fue encarcelada por prevaricato. La orden quedó reinstaurada, pero sin cumplirse.

Entre la justicia y la política

Morales y su entorno niegan las acusaciones y denuncian una persecución para impedir su eventual candidatura electoral. El caso sigue bajo investigación en Tarija, pese a intentos de trasladarlo a Cochabamba. La defensa del expresidente ha minimizado los fallos judiciales en su contra.

Ocho meses de impasse

El cierre del caso depende de que Morales se presente ante la Justicia, algo que no ha ocurrido desde octubre pasado. La orden sigue vigente, pero su ejecución enfrenta obstáculos logísticos y políticos, en un contexto de polarización.

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