Gobierno de Trump planea ampliar personal y presupuesto de DOGE
El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) aumentaría su plantilla de 89 a 150 empleados en 2026. La propuesta presupuestaria, revelada el 03/06/2025, prioriza este crecimiento pese a recortes en otras áreas federales. El plan se enmarca en la estrategia de la administración Trump tras la salida de Elon Musk.
«DOGE no desaparece, se fortalece»
Según documentos oficiales, el Servicio DOGE de EE.UU. (USDS) pasaría de 89 a 150 trabajadores en el año fiscal 2026, con un presupuesto que se duplicaría (de 20 a 45 millones de dólares). «Su influencia solo crecerá», declaró Musk en una conferencia con Trump, quien aseguró que el equipo mantendrá su labor.
Detalles del plan
El presupuesto incluye 10 millones para modernización de software y 35 millones para actividades reembolsables. La orden ejecutiva de enero de 2025 exige que cada agencia federal cuente con al menos 4 empleados asignados a DOGE. Sin embargo, la administración no ha detallado el listado completo de personal, según el documento.
Críticas y defensa
Senadores demócratas como Patty Murray calificaron el plan como «una campaña para devastar el gobierno». Organizaciones como Public Citizen denuncian que los recortes en salud y educación contrastan con el aumento de fondos para DOGE. La Casa Blanca defiende que el USDS «optimiza tecnología federal y mejora la vida de los ciudadanos».
De Musk al «budismo gubernamental»
DOGE, creado bajo el liderazgo de Musk, impulsó recortes masivos en contratos y plantillas federales. Aunque el empresario abandonó formalmente el proyecto en mayo de 2025, Trump lo comparó con «un estilo de vida». Un informe del New York Times identificó a 70 personas vinculadas al departamento, algunas con conexiones a empresas de Musk.
DOGE: ¿eficiencia o controversia?
El futuro del programa dependerá de la aprobación del Congreso, en un contexto de tensiones por los recortes presupuestarios. Mientras la Casa Blanca insiste en su enfoque tecnológico, críticos lo ven como un instrumento para reducir el Estado. Su impacto real se medirá tras la implementación en 2026.
